Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados ha aprobado el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el apoyo de todos los partidos menos Vox, y ha dotado a España de una nueva hoja de ruta para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica, la digital y la vicaria.
El dictamen del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género contiene 461 medidas, que duplican y actualizan el contenido del primer pacto firmado en 2017.
Tras su aprobación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en X: «Frente a la involución que nos rodea, progreso. España vuelve a brillar con luz propia en materia de igualdad de género. ¡Avanzamos!».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha elogiado el gran consenso parlamentario alcanzado «para transformar una sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa», algo que no es sencillo en «un contexto histórico de recorte de libertades» y negación de la violencia.
«El carácter valioso de la vida de las mujeres, de cada una de las mujeres, la convicción profunda de que la vida humana es digna de ser vivida en libertad e igualdad nos mueve a este acuerdo para poner a todas las instituciones y a todos los instrumentos de los que dispone el Estado al servicio de una sociedad libre de violencias machistas«, ha destacado Redondo.
Solo Vox se ha quedado al margen de este consenso tras defender «a mucha honra» su «oposición frontal» a un pacto que la diputada Rocío Aguirre ha calificado de «fracaso» y «estafa» a los españoles»: «La violencia no tiene género», ha repetido.
La ministra de Igualdad ha defendido que con este gran acuerdo parlamentario se «genera un cordón sanitario frente a la extrema derecha» en un asunto fundamental para la democracia.
Un pacto de consensos
Precisamente, la capacidad de los grupos para consensuar las medidas a pesar de las diferencias ideológicas, con cesiones y renuncias, ha sido una de las cuestiones más alabadas durante el debate parlamentario de este miércoles. La violencia obstétrica, la institucional, los vientres de alquiler o la prostitución han sido ámbitos que no han generado el consenso necesario para ser incluidos en el Pacto.
Las portavoces parlamentarias han reconocido que el acuerdo no da respuesta a las pretensiones de cada grupo, pero es «el mejor Pacto de todos», como ha dicho Júlia Boada (Sumar), por cuanto se han unido «para hacer frente a una problemática que lo invade todo, las violencias machistas»: «Hoy reafirmamos que no hay justicia sin igualdad, ni democracia sin feminismo».
Tras casi 60 sesiones de trabajo y 49 comparecencias de personas expertas, el Congreso de los Diputados ha diseñado más de 400 actuaciones dirigidas a la prevención, la sensibilización, la persecución del delito, la atención, la protección y la reparación de las víctimas.
El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género compromete a todas las istraciones e instituciones del Estado y también a la sociedad civil, tendrá una vigencia de cinco años y una dotación económica de, al menos, 1.500 millones de euroos.
