París (EuroEFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) recrimina a España los repetidos cortes de suministro eléctrico que sufren los habitantes del poblado madrileño de la Cañada Real porque eso incumple sus obligaciones de garantizar una vivienda digna.
En una decisión publicada oficialmente este miércoles, pero que se filtró a la prensa en noviembre tras su notificación a las partes, este organismo del Consejo de Europa justifica sus críticas por una jurisprudencia propia «consolidada» en la que unas viviendas que carecen de servicios básicos como la electricidad o la calefacción no pueden considerarse dignas.
Para los expertos del comité, «la energía es esencial para la calefacción, la iluminación, el lavado, la cocina y la refrigeración; y garantizar un estable y seguro a una energía adecuada con la vivienda es un elemento clave» de las obligaciones que impone la Carta Social Europea que España infringe.
El Consejo de Europa subraya el carácter «pionero en términos de derecho internacional» de este pronunciamiento, al establecer «la relación entre los derechos humanos y el a la energía».
La razón es que para que las personas puedan disfrutar de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la educación de acuerdo a las pautas de la Carta Social Europea deben tener « estable, constante y seguro a una energía adecuada».
Este dictamen, que ahora se convertirá en una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigida a España, responde a una demanda interpuesta en marzo de 2022 por cinco organizaciones, entre ellas el sindicato Comisiones Obreras, en la que denunciaban que se estaban vulnerando una decena de derechos recogidos en la Carta Social Europea.
El CEDS considera que el Estado español no garantiza el de las familias de la Cañada Real al derecho a una vivienda digna, a la protección de la salud, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a la protección de la infancia y la juventud y a la protección de personas dependientes.
España, en su defensa por escrito, había alegado que la infraestructura eléctrica de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real estaban dañados por diversos enganches ilegales a la red y sobrecargas por plantaciones de marihuana, que los cortes eléctricos eran una medida de seguridad en ese contexto y que resultaba imposible restablecer la corriente en el sector 6.
El Defensor del Pueblo y Naciones Unidas habían tenido en cuenta ese hecho en sendos informes, pero estimaban que no es justificación para evitar la imposición de medidas que garanticen la vivienda y los suministros esenciales a los 4.500 habitantes de los dos sectores, de los que 1.800 son menores de edad.
La conclusión del CEDS es que España no ha adoptado «las medidas adecuadas para garantizar una vivienda digna a las familias» ni «las medidas sanitarias adecuadas para afrontar» unos cortes de suministro que se vienen sucediendo desde octubre de 2020.
La solución propuesta por las autoridades españolas hasta ahora había sido un plan de realojo de los habitantes de los sectores afectados con el llamado Plan 2024-2034, cuyo horizonte de cumplimiento se había proyectado para 2027.
Sin embargo, para los expertos del Consejo de Europa eso es insuficiente e incompatible con la Carta Social Europea, porque, aun cumpliendo el plazo, habría personas que estarían viviendo sin electricidad durante siete años.
«El Estado debe adoptar medidas que le permitan alcanzar los objetivos de la Carta Social Europea en un plazo razonable, con progresos mesurables y de manera compatible con la utilización máxima de los recursos disponibles», puntualiza el CEDS.
Las consecuencias de los cortes de electricidad para la salud de los habitantes de la Cañada Real es uno de los puntos centrales de la decisión, en la que se recuerda que pueden generar problemas de salud por la exposición a temperaturas extremas, inseguridad alimentaria debido a la falta de refrigeración y una mayor frecuencia de accidentes domésticos.
El reparto de bombonas de butano, velas o la provisión de placas fotovoltaicas no es, según el comité, una medida adecuada para hacer frente a la situación, pues ya se han registrado más de cinco incendios y explosiones que han causado cuatro heridos y, además, un muerto en 2023, como consecuencia de la precariedad de las instalaciones, con es de segunda mano e instalados por las propias familias.
En espera de las medidas que tomen las autoridades españolas, el dictamen del CEDS, aunque no sea directamente ejecutable, puede invocarse ante los tribunales y es asimilable a jurisprudencia. EFE
