Madrid (EFE).- El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles sendas querellas contra Reyes Maroto, Ione Belarra y Pablo Fernández por sus acusaciones contra la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia, que a juicio de la Comunidad «han traspasado todas las líneas rojas».
En concreto, la exministra Reyes Maroto, portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, dijo el jueves pasado que 7.291 personas mayores fueron “asesinadas” en residencias, aunque al día siguiente se retractó con un mensaje publicado en X donde itió que «no fueron las palabras más adecuadas».
Por su parte, tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como el portavoz de esta formación, Pablo Fernández, han tildado de «homicida» y «criminal» la gestión que hizo la Comunidad de Madrid de las residencias en la pandemia.
Defensa de los trabajadores de las residencias
El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha confirmado en rueda de prensa que las tres querellas se han interpuesto esta mañana ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid y ha avisado de que «todos aquellos que falten al respeto» a Ayuso y su Ejecutivo, así como a los profesionales sanitarios, «tendrán su respuesta en forma de querella».
«No se puede insultar, no se puede vejar, no se puede acusar a un Gobierno pero tampoco a los profesionales de las residencias (…), poniendo en riesgo su propia vida para salvar la vida de otros», ha declarado García, a quien le parece «una auténtica barbaridad» acusar a la Comunidad o a esos trabajadores de «haber perpetrado un asesinato».
Y ha aseverado que ni Maroto ni Belarra «se han dirigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid para retractarse».
Madrid acusa de «cinismo» al Gobierno.
Acusa a Sanidad de cinismo
A su vez, García ha acusado de «cinismo» al Gobierno y al que fuera ministro de Sanidad durante la primera ola de la pandemia, Salvador Illa, a quien ha atribuido la elaboración de «informes con instrucciones para las residencias de mayores» que decían que los contagiados «permanecieran» en ellas.
Algo, ha esgrimido García, que «se le imputa erróneamente» a Madrid cuando Illa «y otras comunidades autónomas lo pusieron negro sobre blanco».
García se hacía eco así de una pieza publicada hoy por el digital ‘El Debate’ que afirma que el Ministerio de Sanidad «prohibió hospitalizar a los mayores». Lo hace citando unos documentos que no se refieren a las derivaciones hospitalarias y que, según aclaran fuentes del Ministerio, eran protocolos con «instrucciones generales de qué hacer ante los casos positivos de covid-19».
El protocolo, previo a la declaración del estado de alarma, recomendaba el aislamiento de los contagiados y restringía las visitas y salidas en tal caso, pero «esto no significa que, ante un caso positivo que tuviese gravedad, no se llamara a los servicios asistenciales».
«En ningún momento el protocolo común recomendaba no llamar a los servicios sanitarios, o impedía de alguna forma el ingreso», recalcan desde Sanidad.
Aunque las mismas fuentes recuerdan que estos protocolos se aprobaron el 5 de marzo de 2020 y «estaban en abierto en la página del Ministerio», García ha acusado al Gobierno de tener la instrucción «guardada en un cajón hasta después de la celebración del 8M» y ha afirmado que, si no se hubiera «hurtado» esa información, se podrían haber tomado medidas antes.
