Imagen de archivo de una niña en su casa con una tableta. EFE/Jordi Ferrer

La ley obligará a que los móviles y otros dispositivos digitales nuevos lleven pin parental por defecto

Madrid (EFE).- La nueva ley de protección de menores en entornos digitales que ha aprobado el Gobierno incluirá la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas.

Este control parental que vendrá de fábrica en los nuevos dispositivos será gratuito y fácil de manejar e incluirá un etiquetado que explique los peligros y riesgos potenciales de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad.

Sanciones para los que no cumplan

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha incidido en que de no cumplir con esta obligación habrá «sanciones» y ha recalcado que «se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos».

En este sentido, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho hincapié en una herramienta eficaz de verificación de la edad, que será pública y gratuita y que supone un «límite nítido para acceder a los contenidos».

El Ministerio de Juventud e infancia, que ha sido promotor del nuevo proyecto de ley junto con el Ministerio de Justicia, y en el que han participado los ministerios de Presidencia, Educación, Transformación Digital y Derechos Sociales, señala que las empresas fabricantes de dispositivos digitales deben «asumir sus responsabilidades y realizar un análisis riguroso del impacto de sus productos sobre la infancia y la adolescencia».

ley protección menores digital móvil niños
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en el Palacio de La Moncloa, Madrid. EFE/JP Gandul

El objetivo de la nueva ley es reconocer los derechos de los menores a ser protegidos «eficazmente» ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, el derecho a recibir información veraz y suficiente y necesaria sobre el uso de las tecnologías y sus riesgos y adaptada a un lenguaje apropiado a su edad.

«Un internet donde impera la desregulación y la ley de la selva es un problema para el conjunto de la sociedad, y en particular para la infancia y la adolescencia, perjudica el desarrollo libre y sano de sus derechos, sus libertades, sus vidas», señalan fuentes del ministerio que ven esta normativa «pionera» ya que «consagra el derecho de la infancia y la adolescencia a disfrutar de un entorno digital seguro».

Habrá una Estrategia Nacional

Fuentes de Juventud e Infancia también han señalado que están trabajando en una Estrategia Nacional sobre medidas de prevención y sobre la promoción de otras formas de uso de los entornos digitales, como lograr un control público y democrático de los entornos digitales, con especial atención a la protección de los menores.

«Las redes sociales son un espacio de comunicación e información que no puede estar al arbitrio de unos pocos multimillonarios estadounidenses», resaltan.

Este proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria.

Además, en el ámbito sanitario, la nueva ley obligará a programas de prevención en atención primaria que incluirán actuaciones para identificar usos problemáticos de estas tecnologías y para detectar de forma precoz cambios de conductas o problemas de salud física, psíquica y emocional, derivados de un uso inadecuado de las pantallas entre las personas menores de edad.

Se regulará el uso de ordenadores y tabletas en los colegios

La nueva ley de protección de menores en entornos digitales obligará además a regular el uso didáctico y bajo supervisión del profesorado de los ordenadores y tabletas por parte de los alumnos en todos los ciclos de Enseñanza no universitaria, y serán los centros educativos los que realizarán un plan digital anual para adaptar el uso de estos dispositivos en las aulas.

El nuevo proyecto de ley obligará a regular el uso didáctico de los ordenadores y tabletas en las aulas acorde con la edad del alumnado y teniendo en cuenta las competencias digitales que deben alcanzar en cada etapa y que marca la ley de Educación (LOMLOE).

control parental móvil adolescentes
Un alumno de secundaria utiliza una tablet en clase del colegio Reina Sofía de Totana de Murcia en una imagen de archivo. EFE/Marcial Guillén

Desde el ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, hasta la ESO y Bachillerato el uso didáctico de los dispositivos digitales debe ser regulado por las comunidades autónomas y los centros educativos a través de sus planes de convivencia y digitalización.

En este sentido, la ley garantiza ciclos formativos y de alfabetización digital en todos los cursos.

El uso de dispositivos en los centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Secundaria postobligatoria y Educación Especial se regulará por parte de los propios centros, de acuerdo con las disposiciones que al efecto hayan aprobado las istraciones educativas, recalcan fuentes del Gobierno.

Una ley avalada por expertos

Este proyecto de ley se ha elaborado tras recabar 23 informes de organismos públicos y privados y de la Comisión Europea y según el ministro de la Presidencia, Féliz Bolaños, es «riguroso y exhaustivo» ya que además se ha «hablado con la industria y el videojuego».

Entre los informes se encuentra el encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 personas expertas independientes con el objetivo de diseñar una hoja de ruta que promueva entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito educativo, los expertos han diferenciado entre los dispositivos de uso privado del alumnado (no permitidos en educación infantil y primaria, y limitados como herramientas pedagógicas en secundaria) y los de los propios centros. En estos últimos, se planteó la revisión contrastada de las aplicaciones, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el establecimiento de límites por edad, entre otros.