Madrid (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado ante el juez Peinado que él no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ni fue su jefe, pero que dicha contratación se hizo conforme a la ley.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el ministro -que ha declarado como testigo en Moncloa ante el juez que investiga a Begoña Gómez– ha recordado que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido con todos los gobiernos anteriores y que la única diferencia es que en esta ocasión solo había una asistente y las esposas de anteriores presidentes tenían varios.
El ministro, que ha respondido «con detalle» a todas las preguntas y ha aportado toda la información requerida, ha declarado que no fue jefe de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, ni participó en su nombramiento y que éste se hizo conforme a la ley y como se han hecho con los anteriores presidentes.
El juez, por segunda vez en Moncloa
El juez Juan Carlos Peinado, que se ha desplazado a Moncloa por segunda vez durante el año que lleva abierta la causa para interrogar a un miembro del Gobierno (la primera fue el 30 de julio con Pedro Sánchez), investiga por un presunto delito de malversación el nombramiento de Cristina Álvarez para asistir a Begoña Gómez en cuestiones de agenda.
Se produjo en 2018, cuando Bolaños era secretario general de Presidencia del Gobierno, y la citación del ministro como testigo se produce después de que Cristina Álvarez (investigada en la causa) y quien propuso su nombramiento (el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González) le mencionaran durante sus declaraciones ante el juez.
Bolaños, que ha testificado el mismo día que se cumple un año de investigación, ha defendido que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido siempre, ya que ellas acuden a distintos actos, y esta actividad debe tener cierto control, añaden las fuentes.
Ha explicado que se trata de un cargo eventual, para los que la normativa permite el nombramiento y cese libre, y que él no tenía por qué saber que se contrataba a esta asesora, porque las competencias para tramitar esos contratos las tenía el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.
En un momento del interrogatorio, según las fuentes, Peinado ha exigido a Bolaños que le dijera quién fue el responsable del personal en Moncloa en ese momento, por lo que el ministro ha tenido que salir de la sala y hacer unas llamadas. Tras esto, la conclusión ha sido que el nombre de este coordinador lo tenía ya el juez en la información que le habían remitido desde Moncloa cuando se le solicitó.
La declaración del ministro ha comenzado con retraso, según las fuentes, porque el juez ha mostrado su disconformidad con la disposición de la sala y ha pedido una tarima sobre la que situar su asiento.
También se ha prolongado más de lo esperado -unas dos horas y 20 minutos- porque el juez ha acordado reproducir la declaración como testigo del exvicesecretario de Presidencia que citó su nombre cuando le preguntaron quién era su superior, y por el inciso en el que Bolaños ha tenido que salir de la sala a comprobar quién era coordinador de Personal en Moncloa en 2018.
En total, el juez Peinado ha estado casi cuatro horas en Moncloa, adonde ha llegado en un coche oficial proporcionado por el Ministerio de Presidencia después de que el magistrado se quejase del tiempo «superior al necesario» que el vehículo en el que viajaba fue retenido cuando hace un año fue a tomar declaración a Pedro Sánchez.
El juez multa con 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez
Además, el juez Juan Carlos Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y sendas multas de 500 euros a los abogados de dos de las acusaciones populares -Vox y Hazte Oír- por informar a los medios de comunicación sobre las declaraciones celebradas en el juzgado por la causa abierta a la esposa del presidente del Gobierno.
El juez que investiga a Gómez abrió el pasado 20 de diciembre una pieza separada para determinar si multaba a los letrados que habían informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, en concreto tras la declaración de la mujer del presidente Pedro Sánchez como investigada el pasado 18 de diciembre.
En su auto, el juez critica la «reiterada conducta» por parte de los letrados de trasmitir a la salida de la sede judicial lo que acababa de acontecer en el interior de la sala del Juzgado, a pesar de haberles advertido del contenido del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla del deber de sigilo de las diligencias judiciales.
Y cita lo ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando tuvo lugar la declaración de Gómez, y se produjo, «una vez más por parte de alguno de los letrados, la puesta en conocimiento de lo que había ocurrido en la sala del Juzgado». Esto dio lugar -recuerda- a que se acordara la presente pieza separada de posible imposición de multa, coercitiva, que podía alcanzar los 10.000 euros.
