Madrid (EFE).- El abogado fiscalista de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado ante la jueza haber cooperado en delitos fiscales, se ha desligado de las declaraciones ante Hacienda de su cliente y ha subrayado que le conoció en 2022, cuando ya le habían abierto una inspección.
El letrado fiscalista Javier Gómez Fidalgo ha declarado este martes como imputado ante la jueza que investiga a González Amador y que indaga si este abogado podría ser cooperador necesario en los delitos que atribuye al novio de Díaz Ayuso en la causa en su contra por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
Gómez Fidalgo ha contestado durante dos horas a todas la partes, a las que ha explicado que únicamente ha representado a González Amador en lo referido a la inspección que Hacienda abrió al empresario, a quien conoció después de los ejercicios fiscales que se investigan como presunto fraude, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
Este letrado representó al empresario en la inspección de Hacienda que acabó en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, istrada por Alberto González Amador, que sirvió de base a la Fiscalía para presentar la denuncia por la que se inició este proceso penal.
El abogado compró el ático
Se trata del abogado que compró el ático situado encima del piso donde viven González Amador y la presidenta regional, y por el que el empresario paga 5.000 euros al mes con opción a compra, según declaró González Amador ante la magistrada el pasado 10 de abril.
González Amador declaró ante la jueza ese día en el marco de la pieza separada de esa causa en la que la magistrada indaga en una presunta corrupción en los negocios en sus relaciones empresariales con la empresa Quirón Prevención S.L.
Negó cualquier irregularidad tanto en esos negocios como en torno al ático, y ya al día siguiente defendió, en un escrito remitido al juzgado, que la investigación por presunta corrupción en sus negocios con Quirón Prevención debería llegar a su fin, porque, asegura, no hay delito ni víctima alguna.
La causa abierta contra González Amador por presunto fraude fiscal -de la que desembocó la pieza separada conocida como ‘Quirón’- derivó a su vez en una querella del empresario contra fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos, al filtrarse datos de esa investigación, y finalmente el Tribunal Supremo acabó imputando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
