Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha ratificado la prisión provisional para el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar S.G., detenido por narcotráfico con 20 millones de euros ocultos en su casa, por el «evidente» riesgo de fuga que supone su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar.
En un auto, la Sala rechaza el recurso de apelación que presentó el exjefe de la UDEF contra la decisión de mantenerle en prisión que adoptó el juez Francisco de Jorge el pasado 12 de abril, tras haber decretado la libertad de siete investigados en la misma causa después de que la Sala le ordenara excarcelar al presunto socio del policía, Ignacio T., al considerar que el juez no le había facilitado elementos esenciales de la causa cuando le envió a prisión, al estar secreta.
Apoyándose en esa resolución, Óscar S.G. argumentaba en su recurso que no había tenido a los elementos esenciales de la causa, al igual que le sucedió el investigado I.T.
Sin embargo, la Sala aclara que el recurso presentado se refiere al auto de 12 de abril, en el que se ratificó su prisión provisional, y no al inicial en el que ordenó su ingreso en la cárcel, y recuerda que el auto ahora recurrido se notificó cuando ya se había acordado el levantamiento del secreto casi total de las actuaciones para que este investigado pudiera tener a la causa y formular alegaciones.
Imputado por hechos graves
La Audiencia justifica la prisión provisional por la imputación a un funcionario de Policía de hechos graves, cuya realidad parece confirmar, añade, el hallazgo de elevadas cantidades en metálico, que difícilmente pueden corresponder a la percepción de su retribución como funcionario y cuya ocultación es indicio de un origen ilícito, lo que conlleva un “evidente” riesgo de sustracción a la acción de la Justicia.
“Su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parece manejar posibilitarían su desplazamiento al extranjero o su ocultación en España con la finalidad de evitar enfrentarse a la imposición de graves penas de prisión. Y su arraigo familiar no constituiría un freno importante para evitar ese riesgo, dadas las consecuencias sociales y profesionales que puede acarrearle una condena por hechos de tal gravedad al ser cometidos por un funcionario público”, advierte.
La Sala recuerda también la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el a los elementos esenciales de la causa y apunta que, en el caso actual, el auto de prisión señala los indicios de la participación del investigado en hechos que presentan caracteres delictivos por los cuantiosos pagos recibidos por el funcionario policial a cambio de los servicios prestados.
