Palma (EFE).- La Guardia Civil y la Conselleria de Agricultura han inspeccionado este martes la granja de gallinas de Llucmajor, en Mallorca, que ha sido denunciada ante la Fiscalía por las «espeluznantes condiciones» de las aves y supuestos incumplimientos legales por parte de la empresa Avícola Son Perot.
El conseller del ramo, Joan Simonet, ha informado a los periodistas de la apertura de esta investigación a esta granja que solo comercializa huevos y no carne de gallina y que ya fue inspeccionada en agosto de 2024 tras varias denuncias.
El conseller ha sido muy cauto cuando ha sido preguntado por la posibilidad de cerrar la granja y qué pasaría entonces con las 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves de esta explotación.
Exigen su clausura inmediata
Por su parte, la entidad ecologista Greenpeace ha exigido su clausura inmediata, al igual que el PSOE balear, que también ha solicitado la comparecencia urgente del conseller en el Parlament balear.
Greenpeace ha reclamado además que las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, pongan en marcha una inspección urgente de esta y todas las explotaciones intensivas de España y actúen «con mano firme», y ha advertido de que este caso no puede considerarse aislado.
Las organizaciones animalistas ARDE y Satya Animal han distribuido este martes imágenes de cadáveres de gallinas de esta granja en distintos estados de descomposición, algunos de ellos canibalizados, junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos.
La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, afirma que podrían concurrir indicios de estafa al consumidor, ya que los huevos comercializados como camperos se venden a un precio superior, hasta un 35 % más, según la OCU, por garantizar un al aire libre que, en la práctica, no se estaría cumpliendo.
Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, alerta de que el sello de bienestar animal se convierte así en «una mera herramienta de marketing».
Riesgo de transmisión de enfermedades
A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales.
La situación también afecta directamente a la población residente de Llucmajor, donde los vecinos han denunciado plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.
Según Natalia García, vecina de una urbanización cercana, en verano, se encierran en casa para evitar respirar el aire contaminado.
Otro vecino, Xisco Amaya, relata que “cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas”.
Exigencia del cierre de la explotación
En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.
Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente.
Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado.
