Madrid (EFE).- La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha procesado por fraude fiscal y falsificación de documentos, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) contra González Amador y otros cuatro empresarios en la pieza principal de su investigación, y ha acordado archivar la causa para Javier Gómez Fidalgo, abogado fiscalista de la pareja de Díaz Ayuso.
Con dicha resolución, contra la que cabe recurso, la magistrada pone fin a sus pesquisas en esta línea de investigación, en la que las acusaciones podrán ahora solicitar la pena que consideren de cara al futuro juicio.
Se mantiene abierta la pieza de los negocios con el grupo Quirón
No obstante, la magistrada mantiene abierta la pieza separada que desgajó de esa causa, referida a los negocios de González Amador con el grupo Quirón, y en la que el novio de la presidenta madrileña sí declaró el 10 de abril, defendiendo la legalidad de los mismos y tratando de desvirtuar la tesis de la Fiscalía de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros.
En la causa principal, abierta en marzo de 2024, el novio de la presidenta regional de Madrid no ha llegado a declarar, como tampoco hicieron los otros empresarios investigados.
El procedimiento de la causa principal
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda llevada a cabo en 2022 y que culminó con un informe -en 2023- que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
Este informe dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.
Este fiscalista, que a su vez es quien alquila el ático en el que viven González Amador e Isabel Díaz Ayuso, rechazó tajantemente haber cooperado en los presuntos delitos y ahora la jueza archiva la causa contra él.
La filtración del famoso correo
Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, en la que el pasado viernes testificó González Amador.
Este empresario afirmó que desconocía que su abogado había enviado ese correo, de 2 de febrero de 2024, mientras que Neira, en su declaración de este lunes, señaló que sí tuvo el mandato de su cliente para alcanzar el pacto.
Según González Amador, él pidió a su letrado que optase por la salida que menos «ruido» hiciese, ya que no quería perjudicar a su pareja. No obstante, pese a dicho desconocimiento del correo, el empresario itió que su abogado Neira le informó de que buscar un pacto suponía reconocer los hechos, algo que, sin embargo, no ha hecho ante la jueza.
