El geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo a su llegada a los juzgados en Madrid, este lunes. EFE/Sergio Pérez

Un segundo juzgado investiga a ex altos cargos de Ayuso por la gestión de las residencias durante la pandemia

Madrid (EFE).- Un Juzgado de Leganés (Madrid) ha abierto una segunda causa judicial contra varios ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia.

Según ha informado una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Las declaraciones están previstas para el 17 de junio.

El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y las dos querellantes.

Una querella de familiares de residentes

Este segundo procedimiento judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias —uno de los querellantes—, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

En el marco de dicho procedimiento, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes, 3 de junio; entre ellos Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia.

Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el ‘plan de choque’ anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.