Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber comunicado ninguna medida para incorporar a la legislación nacional la Directiva europea sobre préstamos dudosos, que regula la compraventa de estos créditos.
El Ejecutivo comunitario también remitirá a los tribunales por este motivo a Austria, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Bulgaria y Hungría, tras haber abierto expedientes a todos ellos en enero de 2024 y haberles dado un ultimátum en julio para trasponer la directiva, algo que tenían que haber hecho a más tardar el 29 de diciembre de 2023.
«La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades nacionales de estos Estados han sido insuficientes hasta la fecha y, por tanto, envía los casos al Tribunal de Justicia de la UE con una petición de multas coercitivas», dijo hoy en un comunicado la institución, que no publicó el montante de la sanción propuesta en cada caso.
La Directiva sobre créditos fallidos, adoptada en 2021, establece las reglas para autorizar y supervisar la venta de este tipo de préstamos -que acumulan una mora superior a 90 días o se consideran irrecuperables- y para que estas operaciones puedan producirse entre un país y otro de la UE, creando así un mercado secundario para estos productos que se veía necesario para reducir su peso en los balances bancarios.
Las normas prevén ciertas salvaguardas para proteger a los consumidores en estos casos, como la garantía de que la transferencia del préstamo no altera las obligaciones del contrato original entre las partes y que los clientes pueden llevar ante la justicia al nuevo propietario del crédito del mismo modo que lo hubieran podido hacer con el acreedor original.
La Directiva incorpora además medidas de gracia destinadas a proteger al consumidor, como la refinanciación del créditos, el aplazamiento del pago de la deuda, el cambio de los tipos de interés o su condonación parcial, así como ciertos requisitos para mejorar la transparencia en la relación con el acreedor, según explicó la Comisión.
Ultimátum por las reglas de resolución bancaria
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario envió a España un dictamen motivado por no haber incorporado a su legislación las enmiendas a la directiva europea de recuperación y resolución bancaria, relativas a las provisiones para hacer frente a pérdidas en instituciones de importancia sistémica y a la exposición a riesgos de sus filiales.
España tiene ahora dos meses para comunicar las medidas que tomará para aplicar esta regulación al a Comisión, que podría llevarle ante los tribunales si considera que no cumple. En la misma situación se encuentran Austria, Portugal y Eslovaquia, que también recibieron hoy dictámenes motivados.
Estos cambios, destacó la Comisión Europea, son «necesarios» para que los grandes bancos reflejen fielmente la exposición que tienen a sus propias filiales con sede en terceros países, de forma que puedan afrontar en mejores condiciones futuras crisis financieras, así como para que la UE esté en línea con los estándares del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
Bruselas apunta que las enmiendas «deberían conseguir una completa armonización del tratamiento prudencial de recursos internos para absorción de pérdidas y recapitalización de entidades intermedias de un grupo bancario».
«En ausencia de la trasposición de estas medidas técnicas pero importantes, no será posible conseguir el necesario nivel de armonización en el marco unificado de la UE para el sector bancario», advierten las autoridades comunitarias.
Aplicar la norma para acelerar los permisos de renovables
Por otra parte, la Comisión Europea urgió este miércoles a España y a otros cuatro países de la Unión Europea a trasponer en un máximo de dos meses la normativa comunitaria para acelerar la autorización de los proyectos de energía renovables o, de lo contrario, podría llevarles ante la justicia europea.
El Ejecutivo comunitario envió este miércoles un dictamen motivado a España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia, además de a España, el segundo paso del procedimiento de infracción que les abrió el pasado mes de septiembre por no haber incorporado a tiempo la directiva de la Unión Europea, una obligación que tendrían que haber cumplido en julio de 2024.
La Comisión, que en su momento abrió el procedimiento de infracción a todos los países de la UE, salvo a Dinamarca, también ha decidido mantener abierto el expediente a Francia, Países Bajos y Bulgaria por no haber explicado con precisión de qué forma su trasposición de la directiva ayudará a cumplir con sus exigencias.
La revisión de la Directiva de Energías Renovables entró en vigor en noviembre de 2023 y ciertas disposiciones debían transponerse a la legislación nacional antes del 1 de julio de 2024, por ejemplo las relativas a la simplificación y aceleración de los procedimientos de autorización de proyectos de energías renovables y los de la infraestructura necesaria.
El objetivo de esa reforma, negociada en un contexto de crisis histórica de los precios del gas y la electricidad, era acelerar el despliegue de renovables para dotar a la UE de más autonomía energética.
La norma también incluye plazos para la concesión de permisos o la presunción de que los proyectos de energía renovable y la infraestructura de red relacionada son de interés público prioritario», agregó la Comisión.
