Bruselas (EuroEFE).- España ha pedido a la Comisión Europea que su plan de simplificar las reglas de sostenibilidad medioambiental y social de las empresas no suponga un paso atrás en los objetivos climáticos de la Unión Europea, una postura que difiere de la de Francia y Alemania.
En una carta enviada al Ejecutivo comunitario, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayan la «importancia» de que este ejercicio de simplificación se lleve a cabo «sin cuestionar» la ambición en valores europeos fundamentales y «asegurando la certidumbre y estabilidad regulatoria«.
«Cientos de compañías están haciendo progresos para lograr los objetivos climáticos. Eliminar ciertas obligaciones no mejoraría necesariamente nuestra competitividad, pero genera el riesgo de enviar una peligrosa señal de retroceso en nuestros valores y ambiciones europeos fundamentales», dice la misiva dirigida a los cuatro comisarios responsables de la propuesta, entre ellos la vicepresidenta Teresa Ribera.
La Comisión Europea prevé presentar el próximo 26 de febrero la primera de sus propuestas ‘ómnibus’ para hacer más sencilla la legislación comunitaria en un intento de reducir la carga istrativa de las empresas europeas, que señalan este factor como una de las grandes barreras para competir con las firmas chinas o estadounidenses.
Esta propuesta abarcará tres legislaciones. La primera es la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, en inglés), que responsabiliza a las empresas de identificar y mitigar su impacto en la sostenibilidad de su cadena de suministros.
La segunda es la directiva de presentación de información de sostenibilidad (CSRD), y la tercera es la ‘taxonomía verde europea‘, que ayuda a los inversores y empresas a distinguir qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente.
Salvar el Pacto Verde
En este contexto, los ministros españoles señalan que, «si bien la implementación y simplificación son indispensables, también son esenciales unos requisitos de información climática robustos«, en particular la presentación de planes de transición que exigen las normas de información de sostenibilidad.
Recuerdan que la UE tendrá que invertir unos 620.000 millones de euros adicionales al año hasta 2030, en su mayor parte de fuentes privadas, para cumplir los objetivos del Pacto Verde y del futuro Pacto de Industria Limpia, y opinan que las tres normativas que Bruselas prevé simplificar contribuyen a cerrar esa brecha de inversión verde.
«Son esenciales no solo para movilizar estas inversiones, sino para asegurar que se dirigen hacia tecnologías, productos y servicios necesarios para la transición», escriben Aagesen y Cuerpo.
Los ministros españoles piden, en concreto, que en la directiva de presentación de información de sostenibilidad corporativa (CSRD) se mantenga el principio de «doble materialidad», que exige evaluar no solo el impacto que el cambio climático u otros acontecimientos tienen sobre la empresa, sino también el impacto que la compañía ejerce sobre la sostenibilidad medioambiental y social.
Reconocen que se necesita una categoría para las empresas pequeñas y medianas que permita aplazar temporalmente la aplicación de estas normas, pero creen que estas también deberían estar obligadas a presentar información climática, aunque de manera proporcionada.
En el caso de la taxonomía, destinada a movilizar capital hacia inversiones sostenibles, España cree que se puede reducir la carga burocrática sin necesidad de reabrir el reglamento de base, sino a través de modificaciones en las regulaciones más técnicas y de una revisión del ratio de activos verdes.
Los ministros españoles reclaman asimismo que Bruselas evite revisar la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad, aprobada hace solo unos meses, para dar certeza a las compañías que ya están trabajando para implementarla.
La norma, que exige a las grandes compañías mitigar su impacto en la sostenibilidad, así como el de las firmas que formen parte de su cadena de suministros incluso fuera de la UE, «es un ejemplo de liderazgo» y asegura además una «igualdad de condiciones» dentro del propio bloque, consideran.
Francia y Alemania, en el extremo contrario
La postura de España contrasta con la de Francia y Alemania, que han pedido posponer la implementación de la directiva de diligencia debida y revisar el alcance de la normativa sobre sostenibilidad corporativa.
Esa posición de París y Berlín encaja con la de las asociaciones patronales europeas, que se quejan de las obligaciones istrativas que les imponen las regulaciones de la UE y que -denuncian- hacen a sus empresas menos competitivas frente a las de Estados Unidos y China.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece receptiva a esas demandas, a juzgar por su promesa de reducir la carga istrativa de las empresas en al menos un 25 % para mediados de este año.
Mientras, organizaciones de defensa del medioambiente han advertido de que retroceder en esas normativas sería un nuevo paso para mermar el Pacto Verde Europeo, después de que Bruselas pospusiera un año la ejecución de la legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta en la Unión Europea de productos procedentes de tierras deforestadas.
Editado por Lucía Leal, con información de Laura Pérez-Cejuela
