Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles recortar en un 80 % las empresas obligadas a presentar informes sobre su impacto en sostenibilidad y rebajar las multas mínimas para aquellas que no mitiguen estos efectos dentro de su estrategia para reducir la burocracia con el fin de mejorar la competitividad de la economía europea.
Bruselas planteó asimismo reducir el alcance del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, en inglés), el arancel por el que grava las importaciones de terceros países producidas con altas emisiones de carbono, de modo que afectará solo a un 10 % de las empresas previstas inicialmente pero permitirá, aún así, capturar el 99 % de las emisiones, según estimaciones de la Comisión.
Las medidas están recogidas en las primeras leyes ‘ómnibus’ de las que presentará el Ejecutivo comunitario el próximo año para simplificar la regulación europea con el fin de reducir en cinco años un 25 % las cargas istrativas para las empresas, que critican que estas barreras son uno de los principales frenos para competir con las firmas chinas o estadounidenses.
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, insistió en que se trata de un esfuerzo de «simplificación» para facilitar la vida sobre todo a las empresas más pequeñas y no de una «desregulación», y subrayó que la UE sigue comprometida con los objetivos del Pacto Verde que podrán cumplirse «de manera más eficiente y menos costosa» con esta simplificación.
Bruselas estima que estos esfuerzos ahorrarán 6.300 millones de euros en costes istrativos.
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— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) February 26, 2025
In the current geopolitical context, defending our freedoms and values also depends on protecting our economy and our capacity to adapt, innovate, and compete.
Simplification ensures that EU rules help achieve our economic, social, environmental and security goals.
Informes de sostenibilidad
Bruselas ha revisado, en primer lugar, la directiva sobre presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas para limitar el número de firmas que estarán obligadas a remitir esta información a aquellas que superen los 1.000 empleados o los 450 millones en facturación anual, lo que en la práctica supondrá reducir en un 80 % el número de firmas que tendrán que hacerlo forzosamente.
Este cambio se aplicará también a la taxonomía – la clasificación europea de inversiones consideradas verdes – puesto que se rigen por las mismas reglas, aunque algunas empresas podrán informar de manera voluntaria, lo que según la Comisión permitirá a las empresas ahorrar en costes sin hacer que cese el flujo de inversiones hacia actividades sostenibles.
Además, Bruselas plantea retrasar la aplicación de la directiva dos años, hasta 2028, para dar tiempo a pactar con los Estados y el Parlamento el recorte en su alcance.
Impacto medioambiental y social
Por otro lado, la Comisión ha suavizado la directiva sobre diligencia debida en sostenibilidad corporativa, aprobada hace apenas unos meses, que exige a las empresas identificar y mitigar su impacto sobre la sosteniblidad ambiental o social, incluidos los derechos humanos, así como el impacto que tengan las firmas de su cadena de suministros aun cuando estén fuera de la UE.
Bruselas ha eliminado el umbral que exigía que las multas mínimas en caso de incumplimiento fuesen e al menos el 5 % de la facturación anual de la empresa, algo que había creado «mucho nerviosismo en la industria», según explicaron fuentes comunitarias.
Asimismo las compañías ya no estarán obligadas a rescindir los contratos con sus proveedores cuando detecten que estos están cometiendo vulneraciones, aunque sí tendrán que suspenderlos, de modo que si estos resuelven el problema la empres podría retomar la relación con estos, añadieron.
Por otra parte se retrasa un año, hasta julio de 2028, la aplicación de la directiva, se amplía de un año a cinco el plazo para que las empresas realicen evaluaciones periódicas de sostenibilidad y se limita la cantidad de información que las grandes compañías podrán pedir a las pymes de su cadena de suministros.
Los cambios mantienen, sin embargo, la posibilidad de que las víctimas de vulneraciones recurran ante la justicia y reciban una compensación total, algo que preocupada a las organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Arancel climático
La CE plantea, por otra parte, reducir en un 90 % (182.000 empresas) los importadores europeos que estarán obligados a pagar impuestos cuando importen productos, como acero o cemento, producido fuera de la UE por las mayores emisiones, al situar en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que estén obligados a pagar.
We’ve got a plan. We’re putting it into action, starting today.
— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 26, 2025
The Clean Industrial Deal is our business plan: a decarbonisation strategy that re-industrialises the EU, driving competitiveness and boosting strategic independence.
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«Aún así podríamos capturar más del 99 % de emisiones, así que realmente es un modo fácil de asegurar casi el mismo resultado pero recortando una parte enorme de la burocracia», dijo el comisario europeo de Medio Ambiente y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, en una rueda de prensa.
La industria europea recibe con cautela los planes de Bruselas
Por su parte, diversas organizaciones de la industria y empresariado europeos acogieron este miércoles con cautela los nuevos planes de la Comisión Europea para fomentar la industria limpia y para suavizar las obligaciones de sostenibilidad de las empresas.
La Comisión Europea propuso este miércoles flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y conceder incentivos fiscales para favorecer las inversiones en descarbonización y en tecnologías limpias en la Unión Europea dentro de su plan para reflotar la industria comunitaria sin renunciar a sus metas climáticas.
Desde la patronal europea BusinessEurope, su director general, Markus J. Beyrer, tildó de «alentador» que la Comisión Europea haya reconocido que es urgente reducir los costes de la energía que enfrentan las empresas europeas frente a sus competidores extracomunitarios, pero advirtió de que las acciones deben ser más «rápidas y coherentes».
«No podemos esperar hasta finales de año para tomar medidas críticas. Instamos a la Comisión a ir más allá de las palabras y a predicar con el ejemplo», urgió Beyrer.
La patronal europea de pymes y artesanía SMEUnited, por su parte, valoró que el nuevo Pacto de Industria Limpia incluya medidas para impulsar tanto el crecimiento como la transición limpia, pero advirtió de que no queda del todo claro cómo apoyarán específicamente a las pymes en su descarbonización.
El presidente de la organización, Petri Salminen, subrayó que el papel clave de las pymes en los ecosistemas industriales limpios «debe quedar mejor reflejado» cuando se empiece a implementar el pacto, porque -aseguran- en sectores como el transporte el 99,74 % de las empresas son pymes, mientras que en energía o renovables el porcentaje llega al 99,46 %.
Para Eurochambres, la Asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, el Pacto es un esperado reconocimiento por parte de Bruselas de que hay que integrar clima y crecimiento, pero incidieron en que su éxito depende de que incluya una «regulación proporcionada que evite complejidades innecesarias para las empresas».
«El Pacto Verde no era la estrategia de crecimiento que pretendía ser y se basaba en la idea errónea de que la UE puede regular su camino hacia el cero neto. A primera vista, el Pacto Industrial Limpio consolida una mejor respuesta climática con la competitividad», dijo el presidente de Eurochambres, Vladimír Dlouhý.
El sector de la aviación, por su parte, ve el plan como un «primer paso positivo» pero cree que Bruselas debe salvaguardar esta industria con un plan específico, con mecanismos alternativos para financiar su transición.
Para la industria acerera, representada por Eurofer, el Pacto «reconoce el papel estratégico de la siderurgia europea y los retos existenciales a los que se enfrenta» pero deja abiertas soluciones a retos como el exceso de capacidad a nivel global o los precios de la energía.
Pleased to be at today's #AntwerpSummit (🙏@cefic) to react to #CleanIndustrialDeal. The message from over 400 business leaders is clear: The time for strategies and discussions is over—now is the time to act. 🚀
— European Steel (@EUROFER_eu) February 26, 2025
For steel, the @EU_Commission identifies the challenges but… pic.twitter.com/eLpdmavel9
Más optimismo en la patronal sobre la simplificación
La patronal europea BusinessEurope fue más positiva en su reacción a la propuesta comunitaria de recortar en el 80 % las empresas obligadas a presentar informes sobre su impacto en sostenibilidad y rebajar las multas mínimas en este sector para mejorar la competitividad de la economía europea, conocida como ley «ómnibus».
The 1st EU #Omnibus is a major step towards a better business environment in Europe!
— BUSINESSEUROPE (@BusinessEurope) February 26, 2025
✅ Less red tape
✅ Stronger competitiveness
✅ More efficient sustainability efforts
But challenges remain—harmonising Due Diligence is crucial to avoid fragmentation. Co-legislators must step… https://t.co/3w5wqste5l
La propuesta, dijo Beyrer, «marca un hito importante para hacer de Europa un lugar mejor para hacer negocios» porque operar «mejor con menos normas y más claras es lo que piden las empresas europeas de todos los tamaños», aunque hay ámbitos clave (como un enfoque armonizado de las normas de diligencia debida) en los que «se queda corta».
Y desde EuroCommerce, que representa al sector minorista y mayorista en Europa, se mostraron convencidos de que la propuesta «contribuye a la ambición de la Comisión de reducir la burocracia» y que sus empresas agradecerán «una normativa más sencilla, unos requisitos de información más prácticos y la mejora de los procedimientos de diligencia debida». También SMEUnited cree que la iniciativa «debería ofrecer un respiro a las pymes».
