Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España y otros veinticinco Estados para instarles a transponer las nuevas normas de diseño del mercado eléctrico, informó la institución en un comunicado.
Además de a España, el Ejecutivo comunitario decidió hoy incoar procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento por el mismo motivo a todos los Estados de la UE con excepción de Dinamarca, precisó la Comisión.
Ninguno de los otros 26 países ha transpuesto plenamente a su legislación nacional algunas de las disposiciones de la Directiva de modificación sobre nuevas normas de diseño del mercado eléctrico, adoptada el año pasado.
Los Estados debían notificar la transposición de la Directiva antes del 17 de enero de 2025, excepto las disposiciones sobre libre elección de proveedor y reparto de energía, para las que tienen hasta el 17 de julio de 2026, recordó Bruselas.
Normas concebidas tras el aumento de precios de energía
Esas nuevas normas fueron concebidas a raíz del aumento repentino de los precios de la energía y acordadas por los Estados y el Parlamento Europeo el año pasado, y tienen como objetivo que los precios de la electricidad para los consumidores sean más estables y menos dependientes del precio de los combustibles fósiles.
El Ejecutivo comunitario subrayó hoy que la implementación de la legislación es «clave» para garantizar que los consumidores europeos, tanto hogares como empresas, afronten costes energéticos que reflejen mejor los menores costes de producción de las energías renovables, y que los precios sean más predecibles.
El diseño reformado del mercado eléctrico también permite una mejor protección del consumidor, tanto en términos de una mayor variedad de opciones al firmar contratos como en caso de desconexión, añadió la Comisión Europea.
Hasta la fecha, solo Dinamarca ha declarado la transposición plena de la Directiva dentro del plazo legal.
Por ello, la Comisión envió hoy cartas de emplazamiento a los otros 26 Estados , que disponen de dos meses para responder, completar su transposición y notificar sus medidas a la Comisión.
En caso de no hacerlo, Bruselas podría enviarles una segunda carta, que es el paso previo antes de poder llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si cree que España y los demás siguen incumpliendo con los procedimientos europeos.
Otro expediente a España y 12 países por seguridad digital
Por otra parte, el Ejecutivo comunitario también abrió un procedimiento de infracción contra España y otros doce Estados para instarles a transponer una directiva comunitaria para reforzar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras en toda la Unión Europea, informó la institución en un comunicado.
Además de a España, el Ejecutivo comunitario decidió incoar procedimientos de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia por no haber transpuesto plenamente la Directiva sobre la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA).
Esa directiva, que debería haber sido transpuesta por todos los Estados a sus legislaciones nacionales antes del 17 de enero pasado, tiene como objetivo establecer normas claras y coherentes sobre resiliencia operativa digital para entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión, garantizando así el buen funcionamiento del mercado único, recordó Bruselas.
La plena aplicación de la legislación es fundamental para reforzar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras en toda la UE, abordando los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros, subrayó la Comisión.
Por ello, la Comisión envió hoy las correspondientes cartas de emplazamiento a España y los otros Estados que aún no han transpuesto la directiva, que disponen de dos meses para responder, completar su transposición y notificar sus medidas a la Comisión.
En caso de no hacerlo, Bruselas podría enviarles una segunda carta, que es el paso previo antes de poder llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, si cree que España y los demás siguen incumpliendo con los procedimientos europeos.
