Roma / Bruselas (EuroEFE).- El Gobierno italiano trasladará «en muy breve tiempo» a sus centros en Albania un primer grupo de inmigrantes rechazados en el país, después de modificar el uso de estas polémicas instalaciones y donde deberán esperar su futura expulsión, reveló este jueves el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
«En muy breve tiempo está previsto el traslado de los primeros 40 extranjeros en situación irregular, con el objetivo de su posterior retorno a los países de origen», avanzó Piantedosi en un discurso durante el acto de celebración en Roma del 173º aniversario de la fundación de la Policía de Estado.
Llegada de dos barcos en las próximas horas
Su anuncio se produce después de que medios locales hayan avanzado en las últimas horas que mañana, viernes, está prevista la llegada al centro de Gjader en Albania de dos barcos: el primero con 15 migrantes a bordo, que debería llegar en torno a las 14.00 GMT, y otro, con 25, a las 18.00 GMT.
«Con el protocolo entre Italia y Albania estamos explorando nuevas vías para la gestión del fenómeno migratorio.
Confiamos en las próximas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cuestiones que, en verdad, ya nos parecen claras. Mientras tanto, utilizaremos las estructuras albanesas como centros de permanencia para la repatriación de migrantes que ya cuentan con una orden de expulsión», explicó.
Los centros abiertos por Meloni
El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni abrió dos centros en Albania para expulsar desde allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo central sin derecho a asilo pero, tras semanas inutilizados por las trabas de la Justicia, decidió convertirlos en centros de espera a la repatriación (R).
Meloni había inaugurado el pasado octubre estos centros en territorio albanés, construidos con el beneplácito del primer ministro del país balcánico, el socialista Edi Rama, para gestionar en ellos la repatriación de inmigrantes.
La idea era destinar a los centros de Albania a los inmigrantes rescatados en el mar que no tuvieran derecho al asilo -varones sanos y procedentes de países considerados seguros- pero aunque se envió a varios grupos, el plan no llegó nunca a funcionar.
Cambio de función tras la decisión de los tribunales
Los tribunales italianos se negaron a convalidar la detención de los inmigrantes enviados a Albania y recurrieron después al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamado ahora a decidir sobre este protocolo (la sentencia que se espera en junio).
La posición de los jueces suscitó un sonado encontronazo con el Gobierno de Meloni y también hizo que, desde entonces, los centros en Albania hayan quedado inutilizados.
Para superar esta situación y amortizar los centros -cuyo coste se estima en torno a 800 millones de euros- el Gobierno italiano decidió cambiar su función con un decreto el pasado 28 de marzo.
De este modo, ha ampliado las funciones de estos recintos para considerarlos dos centros más de Permanencia para la Repatriación (R) de su red de acogida y donde los migrantes con el asilo denegado esperan su expulsión. Con la normativa vigente, podrán permanecer encerrados en Albania hasta 18 meses.
Italia recibe el aval de un abogado de la UE sobre los «países seguros»
Mientras, un Abogado General de la Unión Europea avaló este jueves la manera en que Italia ha designado a Bangladesh como «país seguro», a través de un acto legislativo, e indicó que para asegurar el control judicial de esa decisión, se deben divulgar las fuentes de información en las que se basa esa designación.
Las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour responden a las cuestiones prejudiciales de un tribunal de Roma, por un caso en el que dos ciudadanos de Bangladesh impugnaron la decisión de Italia de rechazar su solicitud de protección internacional.
#ECJ #AG Richard de la Tour: A Member State may designate safe countries of origin by a legislative act and must disclose, for the purpose of judicial review, the sources of information upon which that designation is based #internationalprotection 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) April 10, 2025
Las peticiones de los nacionales de Bangladesh fueron examinadas por las autoridades italianas en la frontera, conforme al procedimiento acelerado, y rechazadas como «infundadas», ya que Bangladesh está reconocido en Italia como «país seguro».
El tribunal de Roma pidió a la corte con sede en Luxemburgo que aclarara la aplicación del concepto de país de origen seguro y las obligaciones de los Estados en materia de control judicial efectivo.
La corte con sede en Luxemburgo recordó hoy que la Directiva europea sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional establece que los Estados pueden acelerar el examen de las solicitudes de protección presentadas por nacionales de países que se considera que ofrecen una protección suficiente.
En Italia, un acto legislativo de 2024 designa a los países terceros de origen considerados «seguros».
El tribunal de Roma sostenía que, a diferencia del régimen anterior, el acto legislativo de 2024 no precisa cuáles son las fuentes de información en las que se basó el legislador italiano para evaluar la seguridad del país.
De esa manera, argumentó, el solicitante y la autoridad judicial se ven privados de la posibilidad de impugnar y de controlar la legalidad de esa presunción de seguridad mediante el examen, en particular, de la procedencia, la autoridad, la fiabilidad, la pertinencia, la actualidad y la exhaustividad de dichas fuentes.
El jurista subrayó este jueves que un Estado miembro puede designar países de origen seguros en virtud de un acto legislativo y debe divulgar, a efectos del control judicial, las fuentes de información en las que se basa esa designación.
El país puede también, indican las conclusiones, atribuir a un país tercero el estatuto de país de origen seguro e identificar, al mismo tiempo, categorías limitadas de personas que pueden estar expuestas a un riesgo de persecución o de daños graves.
El mero hecho de que un país tercero sea designado como país de origen seguro en virtud de un acto legislativo «no puede tener como consecuencia sustraerlo a un control de legalidad, pues ello supondría privar de toda eficacia a la Directiva», añade.
Además, precisa que el acto legislativo «debe asegurar el respeto de las garantías materiales y procedimentales» reconocidas a los solicitantes de protección internacional.
A falta de divulgación de estas fuentes de información para designar un país como seguro, el juez competente puede controlar la legalidad sobre la base de fuentes que el mismo haya recabado de entre las citadas en la Directiva, precisa.
También dice que un Estado miembro puede atribuir a un país tercero el estatuto de país de origen seguro e identificar al mismo tiempo determinadas categorías limitadas de personas que pueden estar expuestas a un riesgo de persecución o de daños graves en dicho país.
Pero precisa que esto solo es posible si la situación legal y política del país «es propia de un régimen democrático en el que se garantiza a la población en general una protección duradera contra tal riesgo» y el Estado miembro en cuestión «excluye de forma expresa a dichas categorías de personas de la aplicación del concepto de país de origen seguro y de la correspondiente presunción de seguridad».
Aunque las opiniones de un abogado general no son vinculantes, la corte europea las tiene en cuenta en cerca del 80 % de los casos.
