Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea decidió este miércoles no abrir un expediente a España pese a cerrar 2024 con un déficit público del 3,2 % por considerar que este desvío es temporal y atribuible en parte a las ayudas por la dana, pero sí detecta una ligera desviación en la senda de gasto pactada para este año.
El análisis de Bruselas del plan fiscal es positivo: concluye que España cumple «en términos generales» con el plan fiscal de siete años pactado a finales del pasado año con la institución comunitaria, pero añade que existen «desviaciones limitadas» con respecto a dicha senda.
En concreto, proyecta que el gasto público neto crecerá este año un 4,2 %, cinco décimas más que el techo fijado en el plan fiscal.
Este desvío, sin embargo, se ve compensado por el resultado observado en 2024, en el que el aumento del gasto público se situó muy por debajo del 5,3 % pactado.
De hecho, el comportamiento positivo del gasto neto el pasado ejercicio es la razón que explica que la Comisión Europea considere que España se encuentra en la senda fiscal adecuada (en términos acumulados se encuentra incluso por debajo del límite) y no pase a la categoría de países en los que detecta «riesgo de incumplimiento».
The @EU_Commission has adopted the #EuropeanSemester 2025 Spring Package which serves as a policy guidance to EU 🇪🇺 countries on economic, social and employment challenges, with special focus on competitiveness.
— EU Economy & Finance (@ecfin) June 4, 2025
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Sobre la no apertura del expediente por déficit excesivo, los servicios económicos de Bruselas valoraron que las ayudas desplegadas a raíz de las inundaciones en octubre sumaron cuatro décimas al desvío en el pasado ejercicio y son un gasto excepcional sin el cual el desfase entre gastos e ingresos se hubiera situado en el 2,8 %, por debajo del límite.
«En relación a España, vemos que cumple en términos generales con la trayectoria de gasto neto. En este caso significa que hay un desvío pero es inferior a tres décimas anuales o seis de manera acumulada», explicó en una rueda de prensa el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.
En esta línea, las autoridades comunitarias recomiendan a España «adherirse a las tasas máximas de crecimiento del gasto neto» que recoge la senda presupuestaria acordada con las instituciones de la UE.
Además, piden que se adopten «el conjunto de reformas e inversiones que sostienen el periodo extendido de ajuste», en referencia al hecho de que amplíe de 4 a 7 años el plazo de disciplina fiscal.
Subir el IVA e impuestos verdes
Más allá de las consideraciones sobre el estado actual de la cuentas españolas, la Comisión Europea reitera en sus recomendaciones a España su petición, ya recogida en numerosos informes de años anteriores, de reducir el número de productos sujeto a tipos reducidos del IVA y a aumentar los impuestos ‘verdes’.
En esta línea, llama a «reforzar aun más la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema fiscal, incluido el cambio de parte de la carga fiscal del trabajo a la fiscalidad medioambiental, sobre el consumo y propiedad inmobiliaria» con el objetivo de «apoyar el crecimiento económico y del empleo, la cohesión y las transiciones verde y digital».
Acelerar el plan de recuperación
Por otro lado, la Comisión Europea urgió a España a acelerar la ejecución del plan nacional de recuperación a poco más de un año de que se cumpla la fecha límite para completar todos los compromisos que siguen pendientes y que condicionan cada pago de ayudas directas y préstamos.
«Con poco más de un año disponible hasta la fecha límite de agosto de 2026, el tiempo se acaba. Por eso hemos recomendado a algunos Estados que aumenten sus esfuerzos de implementación. No hay tiempo que perder», dijo Dombrovskis.
The Recovery and Resilience Facility has already had a transformative impact.
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 4, 2025
Now is the moment for a final push.
Today, the @EU_Commission set out how Member States can ensure the #RRF finishes strong in 2026.
Read my remarks ▶️ https://t.co/DVWcKZK2s4 pic.twitter.com/zDYQ1rWScS
Con respecto al fondo de recuperación, España ha recibido hasta el momento 48.000 millones de los casi 80.000 millones de los fondos disponibles en forma de subvenciones, mientras que no ha habido aún ningún desembolso de los 83.000 millones previstos en forma de préstamos.
España pidió en diciembre del pasado año el quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos) e incluye el impuesto al diésel que el Gobierno no consigue sacar adelante en el Congreso, pero su análisis por parte de los servicios económicos de la Comisión Europea todavía está en marcha.
Aunque el plan español prevé dos desembolsos cada año, el último pago efectuado a España fue en julio de 2024, cuando el Ejecutivo comunitario transfirió 9.900 millones correspondientes a la cuarta solicitud del plan
Aumentar la oferta de vivienda pública
Asimismo, la Comisión Europea instó este miércoles a España a atajar el «desafío» que supone la «escasez» de viviendas en el país, que afecta de manera especial a hogares vulnerables y población joven, así como a impulsar la oferta de vivienda pública y asequible.
«Hay poca oferta de vivienda asequible y social, significativamente por debajo de la media de la UE», señala el documento de recomendaciones económicas del Ejecutivo comunitario a España, en el que la institución recoge que el país cuenta con un déficit de aproximadamente 600.000 viviendas, según datos del Banco de España.
También cita a la institución española para destacar que el ‘stock’ de vivienda social en alquiler «sólo representa el 1,5 % de todo el ‘stock’ de vivienda en España», un porcentaje que está «bastante por debajo» de la media europea del 9 %.
«Liberar suelo público, expandir el ‘stock’ de vivienda social de alquiler y aumentar la financiación para vivienda asequible y social impulsará la disponibilidad de casas», proponen los servicios económicos del Ejecutivo comunitario.
De la misma forma, Bruselas recuerda que España tiene «pendiente» una reforma del suelo que «facilitaría un nuevo desarrollo de la vivienda reduciendo los tiempos, aportando estabilidad regulatoria y eliminando cuellos de botella istrativos innecesarios».
