Iconos de redes sociales en un teléfono móvil en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

España y otros cinco países europeos impulsan este viernes prohibir las redes sociales a menores en la UE

Bruselas (EuroEFE).- España, Francia y Grecia impulsarán este viernes una propuesta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, una iniciativa a la que se han sumado también Dinamarca, Eslovenia y Chipre.

Este viernes presentarán formalmente la propuesta al resto de socios europeos en el Consejo de Telecomunicaciones que los ministros de digitalización de la UE celebrarán en Luxemburgo.

La propuesta no establece por ahora cuál debería ser esa edad mínima para acceder a las redes sociales o si tendría que variar en función del contenido, a la espera de ver cómo evoluciona el debate entre los Veintisiete a partir de la reunión de este viernes, a la que por parte de España acudirá el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Las propuestas

Los seis países también proponen crear herramientas obligatorias de verificación de la edad en la UE, así como mecanismos de control parental en todos los dispositivos móviles con a internet.

Además, piden normas europeas para minimizar la adicción que generan las redes sociales, adaptando su diseño a los distintos tipos de edad, de tal manera que se reduzcan la reproducción de videos automáticos, la aparición de ventanas emergentes o la personalización de los perfiles.

«Europa se enfrenta a un problema de responsabilidad intergeneracional que requiere acción colectiva a nivel europeo. La protección de los menores frente a los daños y riesgos de internet», señala la propuesta.

Medidas impulsadas a nivel nacional

España, Francia y Grecia ya han impulsado medidas a nivel nacional, como el anteproyecto de ley orgánica que aprobó el año pasado en Congreso de los Diputados español, que eleva a 16 años la edad de a las redes.

Mientras que Francia aprobó el pasado mes de abril una ley que obliga a todas las páginas web de contenidos para adultos tener mecanismos de verificación de la edad. Además, el presidente Emmanuel Macron se ha mostrado a favor de prohibir el uso de teléfonos móviles antes de los 11 años y de las redes antes de los 15.

Grecia, además, ha puesto en marcha una estrategia para la protección de los menores de internet, con medidas que pasan por informar a los padres sobre las herramientas de control parental que están a su disposición.

La intención de la propuesta es reforzar medidas que ya están en vigor o que está preparando actualmente la Comisión Europea, como las directrices deberán seguir las plataformas en el marco de la ley de servicios digitales (DSA) para garantizar la protección de los menores, con medidas como la verificación de la edad de los s o la imposibilidad de que puedan interactuar con desconocidos.

La aplicación móvil que está desarrollando Bruselas

El Ejecutivo comunitario también está desarrollando actualmente una aplicación móvil a nivel comunitario que permitirá a los s de internet verificar si tienen más de 18 años, aunque sin tener que especificar cuál es su edad exacta.

Una herramienta que espera lanzar el próximo mes de julio y que está testando con un programa piloto en el que participan España, Francia, Grecia, Dinamarca e Italia.

«La protección de los menores es una preocupación en muchos países. Sería bueno tener un enfoque común a nivel europeo», dijo este jueves la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa.

No obstante, apuntó que entre los Veintisiete existen «diferentes culturas digitales» y que el enfoque por el que apuesta Bruselas es que las empresas creen diseños seguros de sus plataformas, más que fijar una edad mínima en la UE para acceder a las redes, aunque al mismo tiempo, Vrkkunen dijo que la Comisión está abierta a «discutirlo».

La vicepresidenta de la Comisión también dijo que mañana discutirá con los ministros la aplicación de la ley de Inteligencia Artificial de la UE, que Virkkunen quiere revisar para reducir las cargas burocráticas o las obligaciones de notificaciones a las pequeñas y medianas empresas.