Budapest / Viena (EuroEFE).- El Gobierno húngaro prohibió desde este viernes colocar banderas arcoíris , y otros símbolos de la comunidad LGTB+, en los edificios públicos, para -según él- «proteger» a los menores de edad, así como su desarrollo físico y mental.
El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, asegura que este veto tiene como objetivo «garantizar la protección y el cuidado necesarios para el desarrollo físico, mental y moral adecuado de los niños» y frenar «la propaganda LGBT+» que «apunta a los menores».
La oposición del alcalde de Budapest
El decreto prohíbe el uso de símbolos «que hagan referencia o promuevan diferentes orientaciones sexuales y de género, así como los movimientos políticos que las representan».
La oficina de la Presidencia del Gobierno ha afirmado que se trata de una medida simbólica, ya que no es una práctica habitual en el caso de edificios estatales usar la esos símbolos, recoge el portal independiente Telex.hu.
El alcalde de Budapest, el liberal y verde Gergely Karácsony, ha señalado hoy en un comunicado que como cada año, desde su elección en 2019, también ahora «estará la bandera (arcoíris) en el edificio del Ayuntamiento, ya que ahí tiene su lugar».
«El Gobierno húngaro está dando su enésimo paso para restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos húngaros con la intención de hacer imposible la marcha de Orgullo de Budapest», denunció Karácsony en la red social Facebook.
Manifestaciones prohibidas por ley
El Gobierno de Orbán impulsó el pasado marzo una reforma legal que prohíbe celebrar manifestaciones que representen la homosexualidad o las minorías sexuales por considerar que podría significar una violación de los derechos de los niños y ponen en peligro el desarrollo que considera «adecuado».
La medida generó severas críticas dentro y fuera del país.
A pesar de estas prohibiciones, las organizaciones LGTB+ y de derechos humanos han anunciado que el 28 de junio se celebrará la marcha de Orgullo en Budapest.
La semana pasada, más de 60 eurodiputados anunciaron su intención de participar en la marcha del Orgullo de Budapest.
Orbán llegó al poder en 2010 y en los últimos 15 años su Gobierno y su mayoría parlamentaria de dos tercios ha limitado legalmente los derechos de la comunidad LGTB+.
La UE teme que Hungría llegue a un «punto de no retorno»
Los ataques a la sociedad civil, y al Estado de derecho, en Hungría suponen el «caso más difícil» de un creciente tendencia, hasta el punto de que la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea teme que el Gobierno ultranacionalista del país «ha cruzado una línea» hasta casi llegar a un «punto de no retorno».
«Hungría, por supuesto, lleva ya mucho tiempo erosionando la mayoría de los controles y equilibrios», ha advertido la directora de la FRA, Sirpa Rautio, en un reciente encuentro con un grupo de periodistas en Viena, donde tiene su sede esa agencia de la UE.
Recientemente, la FRA emitió un inusual comunicado muy duro con Hungría, mencionando tanto la reciente ley que prohíbe en la práctica la Marcha del Orgullo Gay como la planeada norma que abre la puerta a sancionar y, aun prohibir, ONG y medios de comunicación independientes.
En esa nota afirmaba que el carácter de esos cambios legislativos «suscita serias preocupaciones no sólo por los derechos fundamentales en Hungría», sino también por el compromiso con los valores de la UE.
«Cuando se cruzan las líneas, cuando ocurre algo realmente dramático y existe un riesgo real de socavar los derechos fundamentales de forma sistemática y grave, también tenemos que reaccionar», señaló Ratio a preguntas de EFE sobre ese comunicado.
Durante la charla con los periodistas, Ratio recordó que la FRA lleva tiempo trabajando en temas de sociedad civil y del Estado de derecho y aseguró que «Hungría es en este momento el caso más difícil, casi por desgracia hasta el punto de no retorno».
Ratio consideró positivo el anuncio, el pasado miércoles, de que se ha pospuesto a otoño la votación de la llamada ley de transparencia.
La norma, impulsada por el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán, prevé que aquellas ONG o medios que reciban financiación desde el extranjero, incluyendo de la Unión Europea, y que según las autoridades representan un «peligro para la soberanía nacional», puedan ser multadas y hasta prohibidas.
«Puede que el peor escenario no ocurra», confió la directora de la FRA, quien opinó que a ese retraso en la aprobación de la «draconiana» ley puede haber contribuido la presión ejercida desde organizaciones de derechos humanos.
«Probablemente la presión procede más de quienes manejan dinero y del artículo 7 de los tratados», dijo en referencia a la opción de sanciones económicas por parte de la Comisión Europea y la normativa que permite suspender los derechos de los Estados », indicó.
Rautio opinó que la legislación en Hungría «no ha estado acorde con los derechos fundamentales en muchos casos», y que el caso de la prohibición de la marcha de Orgullo «es un buen ejemplo de intentar coartar el derecho a reunirse y manifestarse».
La experta finlandesa indicó que en Hungría, donde Orbán gobierna con mayoría absoluta desde 2010, muchas instituciones llevan tiempo «capturadas».
Así, considera que en el país centroeuropeo se influye en las propias instituciones que se supone que son guardianes de los derechos fundamentales y del Estado de derecho, como el Tribunal Constitucional, los órganos de supervisión o anticorrupción o las instituciones de derechos humanos.
