París (EuroEFE).- Francia quiere, en nombre de la simplificación, posponer indefinidamente una directiva europea que obliga a las empresas a vigilar su impacto climático y sobre los derechos humanos, y revisar otra que fuerza a las compañías a informar sobre su sostenibilidad.
En un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, el ministro delegado de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, hizo estas demandas insistiendo en que «nuestras empresas necesitan simplificación, no un aumento suplementario de las cargas istrativas».
Haddad añadió que estará «esta (próxima) semana en Bruselas para que se escuche este mensaje» desregulador.
Nous demandons à l’UE de revoir sa directive sur le reporting et de repousser sine die la directive sur le due diligence.
— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) January 24, 2025
Nos entreprises ont besoin de simplification, pas d’alourdissement istratif supplémentaire. Je serai à Bruxelles cette semaine pour faire entendre ce… https://t.co/xz0t2gvh2M
El ministro se hizo eco así de la posición de asociaciones patronales europeas, que se quejan de las obligaciones istrativas que les imponen las regulaciones de la Unión Europea (UE) y que hace a sus empresas menos competitivas frente a las de los otros dos grandes bloques económicos, Estados Unidos y China.
Las normas afectadas
En concreto, Francia ha pedido posponer sine die la entrada en vigor de la directiva sobre diligencia debida de las empresas y aplazar durante dos años la implementación de las disposiciones claves de la normativa que obliga a las compañías a informar sobre su sostenibilidad corporativa, según un documento obtenido por el diario Politico.
La directiva sobre la diligencia debida, adoptada el pasado año por el Parlamento Europeo, exige a las empresas que identifiquen y solucionen las violaciones a los derechos humanos y sociales, pero también los daños medioambientales.
Esa obligación la tienen que aplicar en su actividad en todo el mundo, lo que incluye a sus proveedores en la cadena de aprovisionamiento.
El otro texto, conocido por sus siglas en inglés CSRD y aprobado en la anterior legislatura europea, armoniza las declaraciones de las compañías sobre una serie de informaciones de su impacto medioambiental, social y de gobernanza.
Von der Leyen, receptiva
Alemania también ha pedido posponer la implementación de la directiva de diligencia debida y reducir el alcance de la CSRD, según Politico, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece receptiva a esas demandas, aún si eso supone mermar el Pacto Verde Europeo.
En noviembre, Von der Leyen dijo que abriría un proceso legislativo para simplificar esas dos directivas y la llamada “taxonomía verde europea”, que ayuda a los inversores y empresas a distinguir qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente.
Esa postura se suma a la reciente decisión de Bruselas de posponer un año la ejecución de la legislación sobre deforestación, que prohíbe la venta en la Unión Europea de productos procedentes de tierras deforestadas.
Editado por Lucía Leal, con información de Ángel Calvo desde París
