Mérida (EFE).- La Asamblea de Extremadura debatirá en sesión plenaria este jueves y viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, cuya negociación para su aprobación continúa entre el PP, partido que sustenta el Ejecutivo regional, y el PSOE, que ya ha mostrado su disposición a acordar una abstención para salvar las cuentas.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la región extremeña, Piedad Álvarez, ha asegurado este martes que, aunque de momento no hay acuerdo, el PSOE busca conseguir que se aprueben algunas de sus enmiendas parciales a cambio de su abstención, para lo que no será necesario la recuperación de impuestos como el de patrimonio y a grandes tenedores de viviendas.
Por su parte, Unidas por Extremadura ha confirmado que votará en contra de las cuentas, mientras que Vox -antiguo socio de gobierno del PP en Extremadura y con el que aprobó los primeros presupuestos de la legislatura en 2024- ha lamentado el acercamiento de los populares al PSOE, aunque no ha cerrado la puerta «a hablar en un futuro con el PP».
Todo ello después de que el PP registrara este lunes una enmienda a la totalidad a la propuesta de ley de Concordia de Vox, que busca derogar y sustituir la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región.
Voluntad de acuerdo del PSOE
La no tramitación de la ley presentada por Vox era una «línea roja» para los socialistas a la hora de negociar las cuentas, aunque los populares han negado que su enmienda a la totalidad sea una cuestión ligada a este diálogo.
«Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo por el bien de Extremadura, llevamos cuatro meses de bloqueo, parálisis e inestabilidad, y eso no se puede tolerar», ha insistido la portavoz parlamentaria del PSOE.
Tanto Álvarez como el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, han insistido hoy en la necesidad de dar «estabilidad» y ser «útiles» a la región sin renunciar a «principios fundamentales» del PSOE.
La extensión de la gratuidad de los comedores escolares y las aulas infantiles de 0 a 3 años en zonas rurales, la política fiscal de progresividad del IRPF y la financiación del proyecto de regadío en Tierra de Barros son algunas de estas cuestiones «irrenunciables».
Los mejores presupuestos, según el PP
Para el Grupo Parlamentario Popular el desistimiento del PSOE al impuesto de patrimonio supone «avanzar» en la política fiscal del Ejecutivo extremeño.
El popular José Ángel Sánchez Juliá ha indicado que hay «conversaciones abiertas» en torno a lo que considera los «mejores presupuestos» de Extremadura, los más altos con 8.309 millones de euros, que aumentan todas sus partidas, especialmente las políticas sociales, como sanidad y educación, y que apuestan por el tejido empresarial.
El objetivo es que salgan adelante después de un proceso de «diálogo», en el que ha criticado que algunos rompiesen la negociación solo un día después de iniciarse el 13 de septiembre y ahora vengan a «llorar», en alusión a Unidas por Extremadura.
Unidas y Vox hablan del acercamiento de PSOE y PP
En este sentido, el representante de Unidas José Antonio González ha asegurado que su grupo no ha recibido llamada del PP para negociar unas cuentas para las que «parece que hay una operación de reanimación» y por las que el PSOE «tiene que dar explicaciones» sobre su «cambio de postura».
A su juicio, estos últimos tienen que ser conscientes de que son «el segundo plato de unas cuentas diseñados para la extrema derecha», con «medidas injustas para la mayoría social» que «no se arreglan» con enmiendas parciales.
Por su parte, el diputado de Vox Óscar Fernández ha remarcado que están «abiertos a hablar en un futuro con el PP» que, sin embargo, parece que «está políticamente mucho más cerca y mucho más cómodo con el PSOE que con uno de derechas».
Prueba de ello, ha mencionado, es que rehusó negociar un nuevo presupuesto con la formación de Santiago Abascal que «se podía haber hecho en tiempo récord y con garantía de que se aprobase».
El proyecto de ley recibió más de 1.100 enmiendas parciales, por un importe superior a los 900 millones de euros, de tres de los cuatro grupos parlamentarios, ninguna de Vox, que se debatirán en la sesión plenaria prevista para los días 23 y 24 de enero.
