Mérida, 27 ene (EFE).- Las secretarias regionales de CCOO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, han lamentado que no haya sido posible alcanzar en Extremadura un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025 con los partidos progresistas de la Asamblea, en ningún caso, han dicho, con la «ultraderecha» de Vox.
Al ser preguntadas en rueda de prensa sobre la retirada de las cuentas por parte de la Junta, Chacón ha defendido que los presupuestos son «necesarios e imprescindibles», al ser la herramienta que permite materializar las políticas, por lo que se necesitan presupuestos tanto a nivel estatal como regional.
En este sentido, ha mencionado que de haber alcanzado un acuerdo para unos nuevos presupuestos del Estado, el Gobierno no hubiera tenido que plantear el decreto ómnibus con las medidas sociales que ha sido rechazado en el Congreso de los Diputados y una cuestión que ha llevado a los sindicatos a convocar movilizaciones este domingo.
En clave regional, CCOO no veía con buenos ojos que el acuerdo fuese con la ultraderecha sino con los partidos progresistas que hay en la Asamblea, que -ha agregado- es el acuerdo que realmente podía haber beneficiado a la clase trabajadora y la mayoría social, pues creen en la necesidad de acabar con la desigualdad.
La secretaria regional de UGT también ha lamentado que no haya cuajado el acuerdo presupuestario en el que para el sindicato una línea roja era pactar con Vox, a tenor de «cuáles son sus políticas».
«No ha podido ser, la comunidad autónoma tiene que seguir funcionando y habrá que tirar con ello», ha expresado Sánchez.
PP
Por su parte, el PP extremeño confía en que el PSOE convalide, en la Asamblea de Extremadura, el nuevo decreto ley de medidas fiscales aprobado por el Gobierno regional porque, durante la negociación de los Presupuestos Generales de 2025 (PGEx), se mostró a favor de ellas.
«En la negociación -rota el pasado miércoles- el PSOE estaba de acuerdo con lo que se recoge en el decreto», ha afirmado este lunes el portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, que ha esperado también el respaldo del resto de grupos parlamentarios a esta norma.
Entre ellos Vox por ser un partido al que «se le llena la boca» defendiendo una bajada de impuestos, ha argumentado.
En rueda de prensa, ha destacado que el Ejecutivo de María Guardiola ha demostrado que bajando los impuestos se puede recaudar más y, con el decreto ley aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria, ahonda en esa línea.
Según ha recordado, se bajan los impuestos para la compra, alquiler y rehabilitación de vivienda, se reduce el tipo en el impuesto de sucesiones con la creación del registro de especial vinculación, y dejan de tributar las donaciones a hijos para la compra de vivienda, así como las ayudas que reciben los enfermos de ELA.
Por ello, ha insistido, «no debe haber ningún problema» para su convalidación en el Parlamento, donde el pasado noviembre se tumbó precisamente otro decreto ley del gobierno con algunas de las medidas recogidas en el aprobado ahora.
PSOE
«¿Quién dio la orden de retirar el presupuesto?», ¿Quién está al frente de la Junta de Extremadura, Feijóo o Guardiola», son algunas de las preguntas que este lunes ha formulado al PP la nueva portavoz de los socialistas extremeños, la exconsejera Isabel Gil Rosiña, quien ha dejado claro que a Mérida «llamó alguien» y ordenó al Gobierno regional que zanjara la negociación con el PSOE y retirara su proyecto de cuentas regionales para 2025.
En la rueda de prensa habitual de todos los lunes, Gil Rosiña ha considerado «insólito», «inédito» y «esperpéntico» lo sucedido la semana pasada en al región cuando el Ejecutivo de Guardiola decidió retirar sus presupuestos cuando estaba a punto de llegar a un acuerdo para itir 59 enmiendas socialistas que hubiesen permitido sacar adelante las cuentas autonómicas del próximo año.
Ha precisado, además, que es «ridículo» el relato de «paranoia política» dado para romper la negociación de que el PSOE estaba obligado a retirar el resto de sus enmiendas, porque podrían salir adelante con el apoyo de Vox.
Diálogo
La portavoz socialista ha dejado claro en ese sentido que el PSOE extremeño «es un partido fiable y los ciudadanos lo saben», que siempre ha cumplido con lo acordado en sede parlamentaria con otras fuerzas políticas y ha demostrado que supo dialogar y sacar adelante sus cuentas cuando tuvo gobiernos en minoría.
Gil Rosiña ha señalado en ese sentido que María Guardiola «es la única responsable de que no haya ahora mismo presupuesto en Extremadura» y que aunque ella diga que «nadie le susurra al oído», alguien le dio la orden desde Madrid, «porque el Gobierno trabajaba en un escenario de acordar con el PSOE, con responsabilidad y generosidad por parte de los socialistas» cuando, «de buenas a primeras, apenas unas horas antes» de cerrar el acuerdo decidió romper las negociaciones.
Además, ha manifestado que el decreto ley de medidas fiscales aprobado al día siguiente en Consejo de Gobierno y anunciado en rueda de prensa aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura, lo que pone de relieve, a su juicio, que fue improvisado y que no lo tenían elaborado previamente porque contemplaban sacar adelante sus presupuestos.
Unidas
Unidas por Extremadura considera que el nuevo decreto ley de medidas fiscales anunciado por el Gobierno de María Guardiola es «la excusa perfecta» para un adelanto electoral, pues el Ejecutivo regional «es consciente de que no será aprobado».
«Como Guardiola no sabe dialogar ni negociar, cuando no salga adelante dicho decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria, «dirá que es imposible gobernar y convocará elecciones» anticipadas, ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida.
A su juicio, el decreto ley anunciado la pasada semana por el Gobierno extremeño «correrá la misma suerte» que el presentado en noviembre de incentivos fiscales, el cual fue tumbado con los votos de PSOE, Vox y Unidas.
Según De Miguel, Guardiola «está deseando» convocar elecciones anticipadas, un proceso que la dirección nacional del PP rechaza, pues prefiere el «acoso y derribo» a las fuerzas de izquierda a través de la vía judicial y política.
En su opinión, el nuevo decreto ley contiene «medidas inútiles, ineficaces y contraproducentes», pues no sirven para que las familias y los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible.
