Mérida (EFE).- Los Grupos Parlamentarios Popular (que sustenta al Ejecutivo extremeño) y Vox han escenificado este jueves sus diferencias tras la ruptura en julio del acuerdo de gobernabilidad, en un pleno en la Asamblea en el que la formación de Santiago Abascal ha reiterado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no debería gobernar sin apoyo parlamentario, calificándola de «okupa» y recordándole que no tiene mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto de presupuestos autonómicos de 2025.
La presidenta extremeña les ha reprochado que rompieran de forma «unilateral» el pacto de gobernabilidad con el PP, por cuestiones que nada tienen que ver con Extremadura, solo porque «tenían órdenes», lo que les ha llevado incluso a votar iniciativas elevadas por Podemos y «tumbar la voz unánime de Extremadura contra el concierto separatista catalán».
«La vocación de servicio se demuestra construyendo y no desertando», ha insistido la jefa del Ejecutivo regional, quien ha pedido a Vox que cuando se siente a negociar con la Junta lo haga con honestidad, responsabilidad y pensando en el interés de los extremeños: «una negociación no es una competición de votos».
Vox veta al PSOE en la negociación de los presupuestos
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo, ha remarcado que su grupo no participará en ninguna negociación en la que esté el PSOE, instando al Gobierno a decidir si pacta los presupuestos de 2025 «con el sanchismo, que entrega los recursos extremeños a los golpistas, colabora con las mafias que comercian con la inmigración ilegal y supone un retroceso democrático, o pacta con Vox; o bien prorroga los presupuestos o convoca elecciones anticipadas».
Precisamente, y en respuesta a la afirmación de que Guardiola es «una okupa» de la plaza del Rastro, donde se ubica la Presidencia de la Junta, el diputado popular José Manuel García Ballesteros ha usado el calificativo de «okupa» para definir a Ángel Pelayo por mantener su escaño en el Senado pese a que fue designado senador en el marco del acuerdo PP-Vox para gobernar en la Junta, roto hace algo más de dos meses.
Cooperación internacional y sindicatos
Las tiranteces y reproches se han evidenciado de nuevo en el turno de preguntas a los del Consejo de Gobierno, donde la consejera de Hacienda, Elena Manzano, no ha desvelado a Vox las partidas que destinará en 2025 para cooperación internacional y para los sindicatos «por respeto» al proceso de negociación de los presupuestos que está en marcha.
En relación a estas partidas, que en 2024 se recortaron, Vox entiende que hay un «despilfarro» en una región que además en Objetivo 1 para la UE, y sobre los sindicatos en concreto, ha acusado a la Junta de quitarles dinero por un lado y dárselo por otro.
Elena Manzano, que ha lamentado no haber recibido ni una sola propuesta de Vox desde la primera reunión para negociar los presupuestos -la segunda será este lunes-, ha considerado «esencial» la política en cooperación internacional y se ha mostrado «orgullosa» del cambio que se ha producido con el plan 2024-2028.
Ha comentado que ya no se trata sólo de ayudar a otros países, sino de crear sinergias que redunden en el crecimiento económico de Extremadura.
Igualmente, ha subrayado que el papel que desempeñan los sindicatos está recogido en el artículo 7 de la Constitución Española y que el dialogo social es «esencial» y, prueba de ello, es que lo elevaron a rango de consejería.
Regadío de Tierra de Barros
En la sesión plenaria, Vox ha repetido que un proyecto «nuclear para esta legislatura» es el de regadío en Tierra de Barros; de hecho, ha remarcado, existe una relación directa entre este proyecto, apoyo a los presupuestos y estabilidad de Gobierno.
A su juicio, el reciente anuncio de la presidenta extremeña de destinar 20 millones de euros a dicho proyecto con fondos regionales refleja que «Guardiola se ha caído del caballo», pues hasta ahora «no tenía ninguna voluntad» de respaldarlo.
El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha expuesto que su Gobierno dejó el citado proyecto de regadío «listo para ser licitado», pero el Ejecutivo de Guardiola optó por retraer «más de 100 millones de euros» para otras partidas, a la vez que ha asegurado que dicha iniciativa agrícola no se puede acometer por fases, como sostiene la Junta.
Al mismo tiempo, ha criticado la gestión de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, después de conocerse la existencia de un pozo ilegal en una parcela de su propiedad en Tierra de Barros.
Fondos del Gobierno central
Para María Guardiola, que ha defendido la gestión de Morán, lo expuesto por el PSOE refleja «el miedo» existente a lo que pueda desvelarse en seno de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre dicho proyecto de regadío, «el mayor engaño en la historia de las infraestructuras agrarias» y para el que la Junta pide financiación del Estado al estar declarado de interés general.
Sobre el regadío se ha pronunciado esta misma mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Canal Extremadura -con motivo de su presencia en la inauguración de la Feria de Zafra-, en la que ha afirmado que la única istración responsable del proyecto de regadío de Tierra de Barros es la Junta de Extremadura.
«Este siempre ha sido un proyecto de la Junta de Extremadura y nunca ha dejado de serlo», por lo que «es una cuestión que tienen que hablar en Extremadura, que tienen que hablar en el Parlamento de Extremadura», ha declarado.
