Santiago de Compostela (EFE).- El Parlamento ha aprobado la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, la primera de esta legislatura, con solo el apoyo de la mayoría parlamentaria del PPdeG, junto con el grupo mixto, y el voto en contra de la oposición, BNG y PSdeG.
Nacionalistas y socialistas han coincidido, en el pleno de este martes, en votar en contra de esta ley que consideran una «oportunidad perdida» para regular en serio la explotación de recursos naturales y «privatizadora» de estos recursos, así como un intento de «greenwashing» o «teñir de verde» la falta de política energética de la Xunta.
Pero aparte del fondo también han criticado la forma, ya que para el BNG el PP ha pecado de «absolutismo» sin escuchar las enmiendas de la oposición, ni de los ayuntamientos y asociaciones, según el diputado José Manuel Golpe; mientras Patricia Iglesias (PSdeG) ha dicho que más que rodillo el grupo mayoritario ha aplicado «la apisonadora».
El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha defendido que la ley cumple su objetivo de «garantizar que cualquier proyecto de renovables redundará en beneficios directos y medibles para el conjunto de la población», al tiempo que «no merma una sola garantía ambiental» para estos proyectos.
Sin embargo, para Golpe la nueva normativa es «un caballo de Troya» y un «cajón de sastre» que solo supone «más discrecionalidad» para entregar Galicia a los intereses de grandes empresas, como una auténtica «colonia energética», ya que solo «ahonda en el expolio» y no cambia el modelo energético actual.
Para Iglesias es «una gran oportunidad perdida» para Galicia y «llega tarde mal y arrastro», aparte de significar solo una mezcla de otras leyes existentes «mezclado todo en una coctelera» sin orden para «esconder una privatización» de los recursos.
Comercializadora de energía
La ley de recursos naturales de Galicia, que entrará en vigor al día después de su publicación en el DOG, incluye la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) para participar en los proyectos de renovables, ya constituida, y la comercializadora de energía que esta proyecta crear para empezar a operar en 2025.
Precisamente respecto a esta comercializadora han advertido los grupos de la oposición de que ven un riesgo de «dumping», por una posible venta a pérdidas de la energía, y la diputada socialista ha afirmado que «ni es pública, ni social, ni abaratará la factura de los gallegos», sino que solo beneficiará a las empresas que elija la Xunta.
Por su parte, el parlamentario nacionalista ha criticado el «disparate» de la RDG, con solo un 30 % en manos de la Xunta y el resto de empresas privadas, y la comercializadora, de la que ha cuestionado «cómo va a contribuir a luchar contra la pobreza», cuando la Xunta elimina el complemento autonómico al bono térmico mientras «el 21,6 % de los gallegos está en situación de pobreza energética».
Pazos ha reprochado la «irresponsabilidad» de la oposición por no querer contribuir al propósito de la ley de «dejar a nuestros hijos una Galicia aún mejor» y les ha acusado de rechazar los proyectos energéticos porque «quieren la cosecha, pero no están dispuestos a trabajar la tierra».
Por eso, les ha advertido que en política industrial es «más importante invertir que embestir» y aunque quieran seguir dando «cornadas» a los proyectos industriales «más cornadas da el hambre». Así que el PP «no va a condenar a este pueblo a un futuro sin industria y con hambre que están ustedes defendiendo», ha espetado a la oposición.
Plan eólico
Los grupos de la oposición han sido especialmente críticos con los aspectos de la ley relacionados con la energía eólica, ya que el PSdeG lamenta que carezca de una «regulación rigurosa» de las zonas donde se pueden instalar los parques, para seguir fomentando un «desarrollo desordenado y masivo de proyectos», ya que en «dos meses se aprobaron tantos parques eólicos como en los últimos seis años», ha asegurado Iglesias.
También Golpe ha recriminado que el PP no aceptase las enmiendas de la oposición sobre la eólica y ahora, en un ejercicio de «hipocresía máxima», introduzca modificaciones del plan eólico en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2025, en las que se permite «hacer todo» para poner una vez más todo el territorio de Galicia «en manos del lobby eléctrico».
La nueva ley, que consta de siete títulos desarrollados en 64 artículos, se refiere a los proyectos de producción de energía a partir de fuentes renovables, los proyectos que requieren de la concesión de aguas, concesiones mineras y proyectos de explotación mineros.
Entre ellos se incluyen los de energía eólica marina, pero la ley también incluye un título sobre la recuperación integral de los terrenos afectados por incendios forestales, así como uno referido a los créditos de carbono, u otro a los residuos biomecanizables.
El texto final aprobado hoy incorpora nueve enmiendas, una de ellas del PPdeG, cinco del BNG y otras 3 del PSdeG, de las cuales dos fueron transaccionadas.
Debate posterior
Antes de la votación de la ley, se produjo un debate en el pleno del Parlamento a raíz de la intención de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, de intervenir para hablar sobre la misma, pero tanto los grupos de la oposición, como el letrado del Parlamento, consideraron que no procedía reabrir este debate, dado que posteriormente ya se había pasado a otra iniciativa legislativa.
El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, fue quien planteó reabrir el debate, a petición de la conselleira, algo que el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, defendió porque Lorenzana había solicitado «de manera oficial y por escrito» con anterioridad un turno de cierre sobre la ley.
Pero el BNG consideró este volver atrás en el debate una «anomalía absoluta» y el PSdeG coincidió en que sería «absurdo», por lo que Santalices consultó con el letrado del Parlamento, que determinó que «no procede abrir el debate otra vez», y acató esta decisión, tras lo que Pazos apostilló que «en el futuro» también su grupo hará uso de este «estricto» seguimiento del Reglamento parlamentario.
