Miguel Álvarez |
A Coruña (EFE).- El exministro de Justicia Francisco Caamaño ha defendido este miércoles que Galicia tiene un importante margen para aumentar el autogobierno, pero necesita «actualizar el Estatuto», una materia en la que es «la última» junto con Euskadi.
Caamaño, que también es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de A Coruña, acaba de publicar junto con el también profesor Daniel Jove, ahora en la Universidad de Oviedo, el libro ‘El autogobierno de Galicia. Fundamentos e instituciones’, editado por Galaxia.
En él, habla sobre el autogobierno y también da una «visión actualizada de la autonomía de Galicia» después de 45 años, según explica a EFE.
«El autogobierno depende mucho de la voluntad política de quienes estén ejerciendo los gobiernos autonómicos», resume para citar ejecutivos más proactivos, otros más pasivos e incluso algunos que plantean devolver competencias, como hizo Esperanza Aguirre con la de Justicia o como dijo Guillermo Fernández Vara que pensaría.
También se produce «equilibrio y tensión política clara en función de quién gobierna en España», pues cuando la mayoría de presidentes autonómicos son «de signo distinto a quien gobierna» existen «bloqueos mutuos por el juego de los grandes partidos».
En todo caso, considera que las comunidades autónomas, excepto Cataluña y Euskadi, han ejercido más el papel de «gestores istrativos que de verdaderos gobiernos con capacidad legislativa para innovar y hacer cosas distintas de otras» y «se han dejado llevar mucho por las inercias provenientes del Estado.
Vincula también esta cuestión con el hecho de que «aquella tensión de los primeros 20 años» en los que la ciudadanía quería «disfrutar de un gobierno» ha bajado y ahora el comportamiento es «más como istraciones que como gobiernos».
Sobre el caso concreto de Galicia, ha recordado que junto con Euskadi «es la última de las comunidades autónomas que todavía no ha cambiado su Estatuto» y que, por tanto, mantiene uno «de los llamados de primera generación».
Eso hace que no tenga los mismos niveles de competencias que otros territorios y ha recordado que desde el gobierno de Emilio Pérez Touriño (2005-2009) no ha habido «intentos de reformarlo».
«Todas las fuerzas políticas debemos ponernos de acuerdo para actualizar el Estatuto», ha dicho, de manera que se adapte a las nuevas competencias que reconoce el Tribunal Constitucional para otros territorios.
La actual transferencia en materia de gestión del litoral, que entra en vigor en julio, es la primera en 16 años, pero Galicia podría tener otras como la policía propia o la migración.
Vincula la falta de peticiones con el hecho de que «la comunidad autónoma lo ha visto más como una gestión istrativa» y «a veces es más cómodo echar la culpa al Gobierno de España que no tener que asumir las culpas propias» porque asumir una nueva competencia «no es solo tener un ámbito de decisión, sino también responder de él y rendir cuentas».
Polarización y deterioro de la política europea
Preguntado por la situación política actual, con la situación del Consejo General del Poder Judicial y la investigación sobre el fiscal general del Estado, el exministro de Justicia ha opinado que se llega «a unos niveles muy tristes de deterioro institucional».
Nota un «exceso de polarización política» que trasciende la «lógica natural de las instituciones» y, para él, es negativa para la democracia, aunque aclara que ocurre en toda Europa, junto con un crecimiento de la ultraderecha.
Eso lleva a que haya actores políticos que no son «del todo leales a la defensa de las instituciones» y lo empieza a notar «en la dinámica política española».
«Hay algunas reglas del juego que debieran respetarse, que forman parte del ‘fair play’, y se han perdido o están en proceso de disolverse», ha concluido.
