Ibiza, 8 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Sant Josep ha comenzado a desmantelar un vertedero ilegal que acumula desde hace años 67 coches y barcos abandonados y otros residuos contaminantes en un terreno de la zona de Cala Tarida, al que se ha tenido que acceder con orden judicial y escolta de la Guardia Civil y Policía Local.
El propietario, que está acusado de gestionar también amarres ilegales en la bahía Porroig y ha sido condenado en dos ocasiones por amenazas, no se ha opuesto esta vez al ingreso de los operarios de Herbusa, empresa que llevará a cabo la limpieza, contratada de forma subsidiaria por el consistorio con un presupuesto de 750.0000 euros.
Este viernes, a las 9.00 horas, han entrado en la finca los trabajadores, escoltados por los agentes de seguridad, para iniciar el inventario de los vehículos y residuos a retirar, que esperan concluir en los próximos dos días. Prevén comenzar la limpieza con maquinaria a principios de la próxima semana para completarla en un máximo de tres meses.
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, presente en el inicio de los trabajos, ha dicho que “no es plato de buen gusto” para la istración verse obligada a entrar a una finca privada, pero ha señalado que el proceso, iniciado en la legislatura pasada, “se ha llevado a cabo con todas las garantías”.
El primer edil ha recordado que la situación de abandono de la parcela comenzó a ser objeto de denuncias en 2015 y que finalmente se decidió actuar debido a que el propietario no hacía caso de los requerimientos municipales.
Ha detallado que el dueño recibió tres requerimientos para que limpiara su finca y que el 20 de febrero se le comunicó la entrada por orden judicial, que el Ayuntamiento pidió tras la oposición del propietario al de los operarios en 2022.
Al respecto, se ha pronunciado también el abogado del propietario, Daniele Mundula, que ha asegurado que pedirán al juzgado la suspensión cautelar del operativo de limpieza, debido a que, cuando se recibieron los requerimientos, su defendido “padecía una patología mental”.
“Está claro que esta forma de actuar, de llevar de forma ‘maniacal’ toda la chatarra, de conservarla, puede ser considerada no muy común”, ha dicho, y ha indicado que su cliente ha empezado a retirar residuos con sus propios medios llevando al desguace “vehículos, baterías y material contaminante”, de los que tiene todo los recibos.
Según ha añadido, el pago de los 750.000 euros del coste del operativo puede suponer “un gran perjuicio” a su cliente, porque conllevará “al embargo de la finca» y la pérdida de su «hogar” por lo que espera que el juez conceda una “última posibilidad” de «cumplir la orden”.
El letrado cree que el consistorio debería haber enviado a los servicios sociales para “apoyar” al propietario, porque “a veces las notificaciones no son los elementos adecuados para solucionar este tipo de problemas”. “Para él eran cartitas sin entender el valor y los efectos jurídicos que podían conllevar”, ha añadido.
