Logroño, 2 dic (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Cristina Maiso, ha explicado que el Gobierno riojano tiene la intención de «redimensionar» el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje en Calahorra.
Maiso ha hecho estas declaraciones un día después de que la consejera de Economía, Belinda León, asegurase en la Cámara regional que una auditoría ha calificado como «nulas de pleno derecho» las actuaciones hechas por el Gobierno del PSOE en el proceso de compra de los terrenos para ese proyecto.
En este proyecto de Calahorra «nos decían que iba a ser un referente nacional y europeo, y que se iba a contar con las empresas, pero no se hizo» y «hasta la propia Concha Andreu descabezó el proyecto e inyectó 3,6 millones a un proyecto particular en Agoncillo», ha asegurado.
Tras llegar al Ejecutivo regional el PP «el Gobierno ha tenido que desenmarañar, hacer un diagnóstico y darle transparencia» a este proyecto, en el que una auditoría jurídica externa «ha dicho que la compra de parcelas es nula de pleno derecho» algo que «ya decían los informes internos de la ADER».
Ha incidido en que el terreno se compró a 61 euros el metro cuadrado «pero se tenía que vender a 35» por una Fundación «en que solo había altos cargos del Gobierno y no se contaba con las empresas del sector».
«La realidad es que la Ciudad del Envase no existe», ha subrayado Maiso, que ha recalcado que el actual Gobierno regional «la hará con transparencia, diálogo y de la mano de las empresas» además de redimensionar un proyecto para el que se compraron 90.000 metros cuadrados «cuando la necesidad era de unos 20.000».
«A los vecinos de Calahorra hay que decirles la verdad; se va a hacer para el beneficio de la ciudad y de La Rioja, pero en las dimensiones que sean necesarias para las empresas», ha concluido.
Una operación sin lógica
Maiso se ha referido en sus declaraciones a la comparecencia de la consejera de Economía, que ayer afirmó en el Parlamento regional que tiene la intención de continuar con el proyecto, y, por eso, se han consignado en el presupuesto de 2024 alrededor de 13 millones de euros.
Pero antes los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma deben emitir un dictamen sobre los siguientes pasos a dar y cómo proceder ante las irregularidades istrativas que se cometieron para realizar «una operación que no parece lógica» en la compra de terrenos por la ADER, a 65 euros el metro cuadrado.
En teoría posteriormente una Fundación iba a comprar esos mismos terrenos y los iba a vender luego a empresas, a 35 euros el metro cuadrado, gracias a una compensación realizada con una subvención del Estado, relató León.
