Logroño, (EFE).- El Gobierno de La Rioja ha iniciado la tramitación de un nuevo decreto de atención coordinada, sanitaria y de servicios sociales, en residencias de mayores, con lo que actualizará una normativa que data de 1998.
La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha informado de este proyecto en una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, en el que se ha aprobado iniciar la tramitación del decreto, que espera esté en vigor después del verano.
El principal objetivo de la nueva normativa es «aumentar la calidad de los cuidados de larga duración» en los centros de mayores, con la idea de que «no se puede hacer lo mismo y ofrecer las mismas soluciones que en 1998», ha explicado Martín.
Este nuevo decreto avanza en el modelo «Sociales cuida, Salud cura» que el Gobierno ha comenzado a implantar con medidas como las Unidades de Soporte para Residencias desde Atención Primaria o el a la historia clínica.
Martín ha recordado que en el verano de 2022 el Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para garantizar el mismo nivel de a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia que para el resto de la población, independientemente de dónde residan.
«No podemos seguir ofreciendo las mismas soluciones y cuando las personas necesitan cuidados de larga duración, ni el sistema de Salud ni el de Servicios Sociales pueden por sí solos dar una respuesta adecuada”, ha justificado la consejera.
La nueva normativa supondrá la modificación de las carteras de servicios que tanto el SERIS y Servicios Sociales como las propias residencias prestan a las personas que tienen en ellas su domicilio habitual.
Se establecerán las ratios y la categoría de los profesionales que atienden a los residentes en centros de tercera edad, adaptando los requisitos al actual sistema y flexibilizando el marco de atención, sobre la base de que no deben primar las tareas sino la atención a la persona.
El actual Decreto supone un incremento muy significativo del personal de atención directa del primer nivel en la categoría de gerocultores respecto al Decreto de 1998, ha destacado.
Para la determinación del personal que las residencias deberán acreditar se establecerá una ratio mínima de médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales; y una ratio global en el segundo nivel de atención que dotará a los centros de mayor flexibilidad para la contratación de otros perfiles que se ajusten a las necesidades de atención y cuidados de los residentes o reforzar aquellos para los que se han señalado esos mínimos.
«El decreto no será ajeno al problema de escasez de personal del que adolece todo el sistema sociosanitario», ha destacado la consejera, con lo que la falta de estos profesionales conllevará la obligación del centro de sustituirlos por un número de horas equivalente de otro u otros profesionales de las otras categorías del grupo de atención sanitaria o bien por el doble de horas del grupo de atención directa del primer nivel.
Martín ha incidido en que también se van a recoger aspectos de formación y de atención a los mayores desde puntos de vista psíquico o espiritual, además de los sociales o fisiológicos; también el a la historia clínica o el intercambio de información.
