Rebeca Palacios |
Logroño (EFE).- El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, ha instado al Gobierno regional a «reducir la burocracia y proteger a los empresarios y autónomos» de la región.
En una entrevista a EFE, ha pedido a la istración autonómica «mayor agilidad» en las tramitaciones y la concesión de licencias, porque esta «lentitud» perjudica a las inversiones y la actividad económica.
García-Calzada cree que el actual Ejecutivo regional (PP) es «mucho más cercano» que el anterior (PSOE-Podemos), ya que sostiene que el actual presidente riojano «pisa el suelo y tiene una preocupación máxima por la empresa».
Ha constatado que el déficit en infraestructuras es «un mal endémico» que arrastra La Rioja desde hace 30 años y ha lamentado el retraso en la ejecución de algunas actuaciones, como la Ronda Sur, el tramo pendiente de la autovía A-12 hasta Burgos y las salidas de la autopista AP-68 no estarán acabadas cuando se libere en 2026.
La «gran reivindicación» de los empresarios es que La Rioja figure dentro del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, ya que conectaría todo el país para el transporte de mercancías y ciudadanos, ha añadido.
El líder de la patronal riojana ha asegurado que se ha avanzado en la negociación colectiva, con iniciativas para la renovación del convenio del comercio, que es «muy complicado», y la firma este año del agropecuario.
A su juicio, en La Rioja se mantiene la «paz social», porque hay unos sindicatos y unos empresarios «razonables», ya que en las negociaciones ambas partes ceden y llegan a acuerdos.
Formación adaptada a la empresa
Las cifras de empleo en la comunidad riojana son «buenas», con una tasa de paro del 7,8 por ciento, casi tres puntos menos que la media nacional, y un total de 12.686 desempleados registrados en las oficinas de empleo.
«Las empresas necesitan trabajadores y no los encuentran. Este es el gran fracaso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además, las universidades no están tan cercanas a las necesidades empresariales», ha añadido.
Por ello, ha abogado por aumentar las plazas en aquellos grados en los que hay mayor demanda por parte de las empresas, como el sector tecnológico.
La Formación Profesional (FP), tan «denostada» tantos años, ha mejorado mucho, está alcanzando un prestigio y cuenta con una empleabilidad muy alta.
Ataque frontal a la empresa
Ha censurado que «el ataque frontal a la empresa» por parte del Gobierno de España, con medidas como la reducción de la jornada laboral.
En este sentido, ha indicado que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, «cada día se levanta con una ocurrencia nueva y la nueva jornada surgió tras el varapalo que recibió su formación política en las elecciones autonómicas celebradas este año».
«El mayor activo que tiene un país son las empresas. Si no hubiera empresas, esto sería una auténtica locura. A la empresa, hay que apoyarla, facilitarle el trabajo, no ponerle tantas trabas como hay con una excesiva producción normativa», ha subrayado.
Según sus datos, el estado aprobó durante el año 2023 dos normas al día y publicó 1,27 millones de páginas, lo que supone generar «inseguridad jurídica» a las empresas por continuos cambios de normativas, que «carecen de calidad» y suponen una «traba para el desarrollo empresarial».
Esta situación se suma a la «incertidumbre en absolutamente todo» producida hace unos años por la subida del precio de la energía, las materias primas, los alimentos y, en general, el coste de la vida, ha apuntado.
«Parecía que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero no hemos aprendido nada, porque nos mantuvimos vivos gracias a la agricultura y la ganadería, dos sectores a los que el Gobierno de Pedro Sánchez está maltratando», ha subrayado.
A consecuencia de la Agenda 2030, ha indicado, agricultores y ganaderos tienen que cumplir unas normativas que les supone un desgaste económico y les impide producir de la manera en la que se produce en otros países, que exportan sus productos a España a precios «más competitivos».
