Logroño (EFE).- La consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos, ha dicho este jueves que se van a revisar 435 contratos agrarios en los 81 controles que se realizarán este año en cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.
Manzanos ha intervenido en el pleno del Parlamento regional, durante el debate de una proposición no de ley de Podemos-IU para garantizar que los viticultores riojanos reciban siempre un precio por la uva por encima de los costes de producción y se sancione si no se cumple esta condición.
Esta propuesta se ha aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y Podemos-IU y en contra de Vox.

También se ha acordado instar al Ejecutivo regional a reforzar las inspecciones a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como el observatorio de costes y precios alimentarios.
Los grupos han apoyado penalizar, en forma de ayudas o subvenciones públicas, a las bodegas que hayan sido sancionadas por incumplir la obligación de comprar la uva por encima de su coste de producción.
81 controles en campaña
Durante su intervención en el pleno, Manzanos ha mostrado un gráfico con los controles de las operaciones comerciales en la legislatura pasada, con 9 en 2021 y 18 en 2023 (con el Gobierno anterior del PSOE-Podemos), unas cifras que se elevaron a 26 al llegar el PP al Ejecutivo regional y que han crecido hasta 81 este año.
«Esta es la diferencia de lo serio que se lo toma el PP, mientras que la legislatura pasada se hacían controles sobre contratos pasados, algo que no servía para nada», ha recalcado la consejera.

La portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, ha aceptado una enmienda popular con un cuarto punto a su proposición no de ley, para remitir al Ministerio de Agricultura la propuesta de modificación de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuando se concrete el acuerdo entre el Gobierno regional y las organizaciones profesionales agrarias.
«Sin uva, no hay vino»
Moreno ha precisado que el sector del vino representa el 6,5 por ciento del PIB regional y genera unos 12.000 empleos, por lo que ha aprovechado para transmitir «un caluroso abrazo y todo el apoyo» a los viticultores riojanos, porque, «sin uva, no hay vino».
La diputada popular Begoña Martínez ha constatado el «compromiso absoluto» del Gobierno regional en el cumplimiento de esta norma, aunque «parece ser insuficiente», al tenerse noticias esta vendimia del pago de la uva por debajo de su coste.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Sara Orradre, ha incidido en que el Ministerio de Agricultura podrá tomar en consideración todas las propuestas que lleguen desde el Gobierno de La Rioja, pero este «también tiene que asumir sus responsabilidades» para evitar la venta por debajo de costes de producción.
Por su parte, el portavoz parlamentaria de Vox, Ángel Alda, ha recordado a Moreno que la ley de la cadena alimentaria tiene competencia nacional y ha asumido que muchos agricultores prefieran cobrar por la uva un precio por debajo de costes, a tener que dejar la cepa sin vendimiar.