Logroño, (EFE).- Los acusados del crimen del hostelero Guillermo Castillo en Cuzcurrita del Río Tirón tenían mermada su capacidad física por su dependencia de las drogas pero no tanto como para no poder discernir si estaban causando un mal o un daño a otra persona.
Así lo han asegurado los dos forenses que han declarado este viernes en el juicio con jurado contra los dos acusados de este crimen que se sigue en la Audiencia Provincial de La Rioja y que ha finalizado ya, en su fase de pruebas, a la espera de que el lunes las partes emitan sus informes del proceso.
Los forenses han declarado tanto en lo relativo a su examen de la escena del crimen y del cuerpo de Guillerno Castillo, como en el análisis psicológico que hicieron a los dos acusados tras su detención, meses después del crimen y ya estando en prisión.
Por eso no existe una prueba cierta del grado de consumo de sustancias que realizaron los acusados el día del crimen; ellos mismos declararon que había sido «el habitual», dos gramos de heroína inhalada y unos 10 de cocaína intravenosa.
Algo que «no es factible médicamente y jamas, en tres décadas de profesión lo he visto, ni una tercera parte», ha recalcado uno de los forenses, Jorge González, director del Instituto de Medicina Legal de La Rioja.
Ha recalcado que una persona que hubiera realizado ese consumo no hubiese podido conducir entre Logroño, Cuzcurrita y luego a Pradillo (donde reside el acusado más joven, que presuntamente llevó el coche), además de que no dejar huellas en las escena del crimen «exige una lucidez que no es congruente con ese consumo».
No obstante ha incidido en que ser consumidores habituales de drogas, incluso en una cantidad elevada, «no afecta a la capacidad de entender qué estas haciendo o de tomar una decisión» y «aunque quienes están enganchados, la decisión de causar mal o no es tan básica que pueden elegir».
Petición de nulidad rechazada por el tribunal
Por otro lado, el presidente del tribunal que juzga a los dos acusados del asesinato del hostelero Guillermo Castillo ha rechazado la petición de las defensas de no aceptar el testimonio de un testigo protegido, que se encuentra en paradero desconocido, y del que se ha leído la sala la declaración que hizo en su día a la policía.
Uno de los dos acusados, el más joven, itió en su momento haber hablado con un compañero de trabajo al que le dijo que él y otra persona habían ido a robar a esa persona y se les había ido de las manos; después ese compañero -el testigo- declaró ante los investigadores y adquirió la condición de testigo protegidos, pero luego se perdió su localización y sigue sin haber sido encontrado.
La abogada de ese acusado -a la que se ha sumado la defensa del otro- ha reclamado que esa declaración ni se leyera ni se incorpore a la causa «porque no sabemos dónde declaró, ni ante quien» y «solo conocemos que tras ese momento la investigación se volvió contra dos personas» en alusión a su cliente y el otro acusado.
Ha incidido en que esa declaración se produjo sin la presencia de abogados, con lo que «no se respeta el principio de contradicción» al no poder preguntar las defensas, lo que genera la «indefensión» de los acusados, además de afirmar que «nadie ha comprobado la objetividad o credibilidad del testigo, si tiene amistad o enemistad con las partes o con un miembro del jurado».
Tras escuchar a la abogada, el presidente del tribunal ha desestimado su petición, ha considerado que la declaración puede ser una prueba válida y ha indicado a las defensas que pueden hacer constar su opinión en un posible recurso de la sentencia cuando sea dictada.
