Logroño, 17 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Logroño juzgará a partir del próximo día 23 de abril a 11 personas, entre ellas el alcalde de Soto en Cameros y su predecesor, por su participación en presuntos delitos de prevaricación, fraude a la istración y falsedad en documento público, en la adjudicación de unas obras en el municipio por las que se otorgaron subvenciones de forma indebida por 95.000 euros.
El proceso sentará en el banquillo al alcalde actual de Soto, por unos hechos ocurridos cuando era concejal y el Consistorio lo dirigía otro acusado, que fue regidor durante 16 años, hasta 2015.
Junto a ellos están acusados el que era secretario del Ayuntamiento, otros cuatro concejales de entonces, dos técnicos, un empresario y otra persona que, según el fiscal, ejercía de «testaferro» del anterior.
Las penas que solicita la acusación van desde los 7 años de prisión que pide para quien era alcalde; a los 6 años y nueve meses para el secretario; cinco años y medio para el empresario; cuatro años y nueve meses para los técnicos; cuatro años para quien ejercía de testaferro; y dos para los concejales, entre ellos el actual alcalde.
Además, esta petición de penas lleva acarrada multa para algunos de ellos, de 3.600 y 2.160 euros, y la inhabilitación para ocupar cargo público por 24 años, en el caso del que era alcalde, y del actual, como a los que eran concejales, de más de 16 años, lo que, en caso de ser la pena final, podría tener consecuencias en la composición del Ayuntamiento actual en Soto.
Realizar un ambicioso proyecto
Los hechos que se juzgarán se remontan a 2010, cuando según recoge el escrito de la Fiscalía, el empresario que está acusado ó con el alcalde de Soto en Cameros y le propuso llevar a cabo «un ambicioso proyecto» en el municipio con actuaciones de desarrollo turístico, comercial, agropecuario e industrial, todo ello a través de empresas del acusado.
Según sostiene el fiscal ambos acordaron que el empresario realizase una serie de obras que iban a ser subvencionadas por el Gobierno regional y la Unión Europea y para que esa ayuda alcanzara el total del coste procedieron a aumentar de forma ficticia el presupuesto y el coste de las mismas, para que la cuantía recibida de otras istraciones fuera prácticamente el total del proyecto.
Esta idea, explica la acusación, contó con el beneplácito del secretario municipal, que es quien tramitaba istrativamente los concursos; y también de los técnicos directores de obra (todos ellos acusados); además los cinco concejales acusados (entre ellos el actual alcalde) participaron de forma activa para ratificar en el pleno los hechos cometidos pese a ser conscientes de las diferencias entre el coste real de las obras y lo presupuestado, sostiene el fiscal.
La acusación sostiene que para estas actuaciones el empresario había creado un entramado de empresas, al frente de las cuales, en algunos casos, había situado a otra persona, a modo de testaferro, algo que también conocía el que era alcalde entonces, asegura.
95.000 euros en subvenciones indebidas
Detalla que el Ayuntamiento de Soto adjudicó a una de estas empresas un proyecto en el Cañón de Río Leza, donde consta un compromiso con el empresario de pagarle 158.145 euros, que fue el importe que se recibió de subvención al elevar el proyecto a un coste de más de 248.000 euros, algo que se mantuvo en las certificaciones de obras con el beneplácito de secretario y técnicos.
Los investigadores estiman en más de 57.000 euros el montante de la subvención recibida de forma indebida en este proyecto.
En la obra de un mirador y rutas de senderismo contó con una subvención recibida presuntamente de forma indebida en 13.500 euros que no correspondían por el coste real del proyecto; y en el arreglo de caminos del municipio sucedió lo mismo por 23.800 euros, lo que supone un montante de 95.000 euros percibidos de más en subvenciones debido a la forma de proceder de los acusados.
La acusación incide en que considera esta forma de actuar «habitual» en ese ayuntamiento en más de una década, entre 2003 y 2014, y cree que el dinero obtenido así se dedicaba previsiblemente a otras actuaciones municipales y no se ha acreditado que fuera al enriquecimiento de los acusados.
El fiscal considera estos hechos como un delito continuado de fraude a la istración, otro de prevaricación istrativa, uno de falsedad en documento público cometido por funcionario o autoridad y otro similar cometido por particulares.
Además de las penas de prisión el fiscal pide que los acusados, o el Ayuntamiento de Soto como responsable civil subsidiario, indemnicen a la comunidad autónoma y a la Unión Europea en 95.000 euros con los intereses correspondientes.
