Por Paula Bayarte |
Lima (EFE).- Los defensores ambientales en Perú tienen poco que celebrar en el Día Internacional del Medioambiente, que se conmemora este miércoles. Se enfrentan a amenazas si alzan la voz para denunciar el avance de actividades ilegales y proyectos extractivos en territorios indígenas y a su invisibilidad en la sociedad que ignora sus llamados de auxilio.
«Mueren hermanos indígenas y no hay culpables, no hay reparación a las familias, a los hijos, a las esposas. Esto está pasando en verdad como si no pasara nada», afirma a EFE Julio Cusurichi, quien hace parte de los defensores ambientales y es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Esta organización indígena, la principal en el país andino, alerta que desde 2013, 33 defensores ambientales han sido asesinados.
Una cifra no tan alarmante como la de Colombia o Brasil, pero que esconde un avance progresivo de amenazas contra los líderes indígenas por el aumento de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, pero también de proyectos extractivos como hidrocarburos o tala.
Se necesita el apoyo del Estado
Augostina Mayán, quien hace parte de los defensores ambientales y que fue amenazada de muerte por personas relacionadas con la minería ilegal en la comunidad de Nuevo Kanaan, en la región de Amazonas, reitera a EFE que las autoridades «poco o nada han hecho» para protegerla.
«Estoy desplazada fuera de mi comunidad, de mi casa, de mi territorio como si yo hubiera hecho algo malo mientras que impunemente avanza la minería a la vista de todos, de funcionarios y Gobiernos regionales y locales», dice al pedir al Estado intervención para perseguir estas bandas.
«El avance de las actividades ilícitas del narcotráfico está muy fuerte en muchos de los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía. Hay información que ya tiene el Gobierno sobre las pistas clandestinas, pero vemos que no está haciendo nada», cuenta Cusurichi sobre las pistas de aterrizaje de aviones que transportan droga ocultas entre la vegetación amazónica.
El líder indígena también relata, frustrado, que ven cómo el Estado suscribe compromisos con pueblos de la Amazonía y tratados internacionales a favor del medioambiente, pero, al mismo tiempo, promulga leyes y proyectos totalmente opuestos que van en su contra.
Como la reciente modificación de la Ley Forestal que aprobó el Congreso y que permite y facilita el cambio de uso de tierras, lo que favorece la deforestación y que para estos pueblos y organizaciones supone un claro retroceso en la materia.
«Esta modificación es el camino para continuar depredando e invadiendo nuestros territorios, pero también la Amazonía. Esto es un retroceso, y va en contra de los diferentes marcos normativos internacionales», señala Cusurichi.
Invisibilidad de los defensores ambientales en Perú
El líder de Proyectos del Programa de Derechos de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), Carlos Quispe, explica a EFE que a estos problemas se suma la inseguridad jurídica que pueblos indígenas tienen al no poseer los títulos de propiedad de su territorio.
«El no tener un título de propiedad, el no tener los límites claros, se traduce en invisibilidad respecto al Estado, invisibilidad porque cuando se otorga una concesión no existes legalmente, o porque cuando se otorga un título habilitante para actividades forestales tampoco. Si quieres denunciar al talador ilegal o al que ingresó a usurpar tu tierra tampoco puedes», relata.
En el sentido de la inseguridad jurídica, recuerda que en 2024, el Poder Judicial dictó 28 años de prisión para dos empresarios madereros y tres taladores ilegales por el asesinato de cuatro dirigentes ashéninkas de Alto Tamaya-Saweto, un caso ocurrido en 2014, diez años en los que sus familiares han buscado sin cesar justicia.
«A la fecha, (las familias) aún reciben amenazas por parte de personas presuntamente vinculadas con estas personas que están siendo investigadas y que nos reflejan nuevamente que se necesita hacer más para garantizar la tranquilidad de las personas o la no revictimización y la adecuada reparación en estos contextos tan terribles», indica.
Decisiones políticas y la invisibilidad a la que están sujetos los defensores ambientales «reflejan no solamente un actuar a espaldas de la Amazonía, a espaldas de la crisis climática que enfrentamos, sino también un actuar que desafortunadamente refleja mucho vínculo con intereses de actividades ilícitas», concluye Quispe.
