Barcelona (EFE).- Una investigación del SEPRONA de la Guardia Civil en Barcelona concluye que una organización de recogida de animales abandonados, que ofrecía servicios a una cincuentena de municipios de la provincia, los mantenía en condiciones vejatorias.
La investigación, denominada Operación RELICTA, sacó a la luz graves irregularidades en la gestión de los animales y el tratamiento clandestino de cadáveres, que involucra a cinco empresas y siete personas en Barcelona, ha informado este jueves el Instituto Armado.
El caso se originó hace años tras denuncias ciudadanas que alertaban de irregularidades en una residencia canina para animales abandonados.
Sacrificios injustificados de animales
Esta residencia, además de recoger y albergar a los animales, dispone de una incineradora autorizada para la gestión de cadáveres, lo que levantó sospechas sobre posibles prácticas de eliminación de pruebas, dado que también sería responsable del sacrificio injustificado de algunos animales.
Las investigaciones del SEPRONA apuntan a que esta instalación se pudo utilizar para encubrir un delito de maltrato animal, al destruir cuerpos sin seguir los protocolos de trazabilidad exigidos por la normativa y al quedar en el ámbito istrativo por falta de pruebas.
Uno de los puntos clave en la investigación fue la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Medio Ambiente por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, que aportó pruebas sobre casos específicos de maltrato en una segunda residencia situada en otro municipio.
Imagen de uno de los perros hallados por la Guardia Civil en las instalaciones de una organización dedicada a la recogida de animales abandonados
A partir de estas pruebas, la Fiscalía ordenó al SEPRONA la apertura de la Operación RELICTA, que reveló que las dos residencias caninas estaban gestionadas por las mismas personas, y que podrían haberse lucrado aprovechando la renovada imagen de la nueva residencia para reemplazar a la anterior.
Maltrato animal y falsificación de documentos
Además de demostrar el maltrato animal, la investigación sacó a la luz falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de cuerpos en una nave.
Durante el transcurso de la investigación se han tomado declaraciones a cinco personas que han declarado sobre la dura realidad de estas residencias caninas a través de varios casos, como el de una perra que ingresó embarazada y perdió una gran cantidad de peso en dos meses.
También, el caso de un perro que, ante las malas las condiciones en la que se encontraba, fue atacado por otro can y, en lugar de recibir asistencia, fue etiquetado como animal agresivo y finalmente sacrificado.
Una organización que operaba con un esquema criminal
Una cincuentena de municipios de la provincia de Barcelona, que desconocían las irregularidades existentes en la recogida y tratamiento de animales, llegaron a contratar los servicios de la organización.
La Guardia Civil ha concluido que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los ayuntamientos y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en delitos y ocultación de pruebas.
Por ello, el Instituto Armado apunta a presuntos ilícitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y organización criminal. EFE
