Lima, (EFE).- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú, máximo órgano de gobierno de la judicatura, abrió este martes un proceso disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, a raíz de la investigación abierta por la unidad anticorrupción contra su entorno más cercano por conformar una supuesta red criminal dedicada al tráfico de influencias.
Este tipo de procedimientos se abren a jueces o fiscales cuando «existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular», según indicó la JNJ en un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter), donde aclaró que ya han notificado a Benavides el inicio del proceso.
Falta disciplinaria «muy grave» de la fiscal de Perú
La JNJ aclaró que el procedimiento disciplinario inmediato se sigue a un juez o fiscal por la comisión de una falta «muy grave», detectada en el momento en que se está realizando.
Añadió que actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, «garantizando el debido proceso y cautelando el interés público».
El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizaron el lunes detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de Benavides, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización presuntamente buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Las acciones de Benavides
En respuesta a la investigación, Benavides destituyó a la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, y luego aseguró que las investigaciones son «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
La fiscal general oficializó este martes el cese de Barreto y designó en su puesto al abogado José Miguel Cuya Berrocal, quien estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Sin embargo, Cuya declinó este martes el nombramiento por «motivos personales», según una carta suya dirigida a Benavides y publicada por los medios peruanos.
Explosivos audios
Este martes se conoció además que existen al menos 37 audios que revelan las coordinaciones que hacía un asesor de la fiscal general con congresistas para, entre casos, lograr una sanción contra la ex fiscal general de Perú Zoraida Ávalos.
Este lunes, luego de que medios locales anunciaron que Barreto iba a ser cesada, los fiscales que integran el equipo especial rechazaron la decisión y, tras anunciar que «permanecerán en el cargo», reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».
Luciano López, el abogado de Barreto va a apelar la remoción de la fiscal coordinadora y pedirá que su caso se revise por la Junta de Fiscales Supremos para su reposición en el cargo.
Denuncia en el Congreso de Perú
Además del cese de la fiscal coordinadora, Benavides presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de la fiscal general era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
