Ciudad de Guatemala (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, citó a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de intentar evitar su investidura, para que se presente ante el Consejo de Ministros el próximo lunes, luego de que la funcionaria rechazara reunirse con él este día.
«La ley le obliga a presentarse ante el Consejo de Ministros, si no asiste estaría cometiendo incumplimiento de deberes», indicó Arévalo de León en una conferencia de prensa, tras anunciar su decisión de citar de nuevo a la fiscal general.
Porras Argueta, que dirige el Ministerio Público (Fiscalía) desde 2018, se negó a asistir este miércoles a una reunión invitada por Arévalo de León para que rindiera un informe de gestión y además aseveró, por medio de un video, que no dimitirá al cargo de fiscal general.
Arévalo de León, en su primera gestión gubernativa, pidió a la fiscal general presentarse a la casa presidencial con un informe sobre sus avances frente al Ministerio Público y posteriormente resaltó que la carta enviada por Porras Argueta «no responde a las preguntas planteadas».
Durante la conferencia de prensa brindada esta tarde, Arévalo de León recordó que la fiscal general «es una persona sancionada internacionalmente por su participación en actos de corrupción» y agregó que bajo la
La fiscal general dice que no irá a la reunión con el presidente
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, aseguró que no asistirá a una reunión con el presidente, Bernardo Arévalo de León, y de igual forma indicó que no dimitirá de su cargo.
«No voy a renunciar», expresó Porras por medio de un video difundido en sus redes sociales antes de una reunión propuesta por Arévalo de León para este miércoles por la tarde, a la que la fiscal general no asistirá.
«Sobre las peticiones de mi renuncia, quiero hacerle saber al señor presidente que soy respetuosa de la ley y cumpliré mi mandato constitucional de 4 años», agregó la jefa del Ministerio Público (Fiscalía).
Arévalo de León, de 65 años, que asumió el poder el pasado 14 de enero, acusó públicamente en septiembre pasado a la fiscal general de encabezar un intento de «golpe de Estado» para evitar su investidura, tras su sorpresiva victoria electoral.
Rendir un informe
El presidente esperaba recibir a Porras Argueta este miércoles, tras citarla con una carta, para que rindiera un informe sobre sus labores y avances al frente de la Fiscalía. Sin embargo, la fiscal aseguró que publicará la información solicitada en sus cuentas oficiales.
Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía emprendió una serie de acciones judiciales en contra de Arévalo de León y su partido, como tres solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente y un intento de anular al oficialista Movimiento Semilla.
Antes de tomar posesión, Arévalo de León aseguró a EFE, el 3 de enero, que una de sus primeras acciones en el poder sería pedir la renuncia de la fiscal general.
Porras Argueta solo puede ser retirada de su cargo de fiscal general si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra, afirmó el pasado 20 de diciembre la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, al rechazar solicitudes que pretendían facilitar la destitución de la funcionaria.
En 2023, Arévalo de León vivió el proceso de transición de poder más polémico de la historia de Guatemala y la comunidad internacional, encabezada por el Gobierno de Estados Unidos, así como los pueblos indígenas del país centroamericano, se volcaron a respaldar al mandatario, ante los intentos por evitar su asunción.
Exigen renuncia de fiscal general
Desde octubre pasado al 15 de enero, cientos de líderes indígenas de Guatemala realizaron un plantón interrumpido frente a la sede de la Fiscalía y más de 10 marchas masivas para exigir la renuncia de Porras Argueta, por sus intentos por anular la victoria electoral de Arévalo de León.
La fiscal general y un grupo de funcionarios, sancionados por Estados Unidos, encabezaron distintas acciones judiciales para intentar procesar penalmente a Arévalo de León e inclusive anular los resultados de los comicios celebrados el 20 de agosto para evitar que tomara el poder para el periodo 2024-2028.
Previo a estos ataques, Porras Argueta fue sancionada por Estados Unidos, acusada de «obstaculizar la lucha anticorrupción» en el país centroamericano y posteriormente perseguir a periodistas, fiscales, jueces y activistas críticos.
