Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en un mensaje en su cuenta de X que «la ofensiva contra el Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca debe ser total», después de cuatro días de intensos enfrentamientos entre el Ejército y disidencias de las FARC en el suroeste del país, donde la escalada de violencia ha puesto en duda la política de paz total del Gobierno y el futuro de las negociaciones con ese grupo armado.
Petro calificó a este grupo disidente de las FARC de «asesinos del pueblo y traficantes», a lo que el EMC le respondió que con el anuncio de una «ofensiva total cierra las puertas del diálogo y la paz».
«Su verdadero rostro no dista mucho del de gobiernos anteriores. ‘Mal paga el diablo a quien bien le sirve'», afirmaron los guerrilleros en un escrito publicado en su cuenta de X.
Combates en el Cauca
Los combates entre el Ejército y el grupo Carlos Patiño de las disidencias de las FARC comenzaron el jueves después que los militares abatieran a tres guerrilleros y detuvieran a otros cinco en Argelia (Cauca).
En esos combates murieron los soldados Jorge David Fuentes, Javier Sosa Ballesteros y Camilo Andrés Molina, mientras que otros tres resultaron heridos. Uno de ellos, el soldado Jairo Urrego David, murió en un hospital de la zona, subiendo a cuatro el total de militares fallecidos en este choque.
Los fallecidos han sido motivo de reproches entre ambas partes: el grupo armado denunció que los cuerpos habían sido abandonados por las autoridades en la zona de combate, mientras que el Ejército informó el domingo que ya habían sido recuperados tras el mejoramiento de las condiciones meteorológicas, pero que habían sido «profanados» por los delincuentes.
Una escalada «previsible»
Desde hace meses el Cauca se ha convertido en una escalada de tensión, por lo que estos enfrentamientos y el recrudecimiento de la violencia eran «previsibles», explica a EFE el politólogo de la Universidad Nacional Alejo Vargas.
«Si no hay una política de búsqueda de acuerdos por la vía negociada, pero acompañada de un fortalecimiento de la política de seguridad, pues evidentemente el resultado es que estos grupos irregulares en cualquier momento consideran que pueden hacer cualquier tipo de expresión de violencia y no pasa nada», agrega el profesor.
El cañón del Micay y corregimientos como El Plateado, en Argelia, se han convertido en uno de los escollos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EMC.
Esta es una zona, como muchas otras del país, donde la presencia del Estado es simbólica, no solo militarmente, sino social y económicamente, por lo que los grupos armados han ganado poder y se han erigido como una autoridad en este territorio.
El atolladero de la paz de Petro
«Por supuesto (se necesita) mayor presencia de efectivos, pero con mayor capacidad de juego», por ejemplo helicópteros, pero también «una presencia importante de política social en ese territorio, porque la presencia del Estado no es solamente la presencia militar es también la presencia civil» para «disputarle en el territorio la legitimidad estos grupos ilegales», afirma Vargas.
El Gobierno y el EMC instalaron en octubre pasado una mesa de negociación de paz que, desde el principio, fue turbulenta hasta que en abril de este año saltó por los aires después de que el grupo armado se fragmentara en dos por diferencias sobre el cese el fuego -suspendido por el Gobierno en tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca-, por los ataques de esa guerrilla contra comunidades de indígenas.
Por una parte quedaron los disidentes del suroeste, con el apoyo del hasta ahora jefe máximo del grupo, alias ‘Iván Mordisco’, que para seguir las negociaciones pedían retomar el cese el fuego en esos tres departamentos.
Petro no puede consolidar política de paz
Los disidentes del este del país y del Magdalena Medio fueron por otro lado y siguieron en la negociación, oficializando la escisión de la que era la mayor disidencia de las FARC, formada en su mayoría por guerrilleros que nunca llegaron a firmar el acuerdo de paz de 2016.
A pesar de la complicada situación, la puerta a la negociación no debería cerrarse, concluye Vargas, pero con una política de seguridad y de presencia mucho más contundente porque sino «estos grupos armados no van a asumir con seriedad» el diálogo.
