Santiago de Chile (EFE).- El Parlamento de Chile aprobó este lunes la ley que busca dar cumplimiento a un fallo de la justicia que obliga a las aseguradoras privadas de salud a pagar a sus afiliados una deuda millonaria por cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.
Con 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno a una polémica norma que permite a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) subir los precios de los planes a sus clientes, una medida que provocó duras críticas incluso dentro de la coalición de Gobierno del progresista Gabriel Boric.
«Nunca se pretendió que este proyecto fuera para reformar el sistema de salud. Desde un principio era para dar solución a un dilema, a la necesidad de servir a la justicia, pero al mismo tiempo dar estabilidad al sistema», afirmó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras la votación en el Congreso.
Sistema de salud en Chile en crisis
Desde la oposición, el congresista Andrés Celis, de la coalición de derecha, señaló que «la noticia es positiva porque se estabiliza el sistema», pero enfatizó que «algo está fallando cuando hay que legislar para regular el pago de una deuda en salud de una institución privada».
Las Isapres se declararon «al borde de la quiebra» tras la pandemia y un proceso judicial de 10 años que se giró en su contra y terminó reconociendo un conjunto de deudas de las empresas con sus clientes, que han protagonizado un éxodo masivo al sistema de salud público.
La nueva ley señala que las aseguradoras privadas deberán presentar un plan de pago de la deuda a sus afiliados a la Superintendencia de Salud y que, para saldarla, tendrán de un plazo de 13 años, tres más de los propuestos en la propuesta inicial del Gobierno de Gabriel Boric.
Para las personas mayores de 65 años, este plazo se recorta a cinco años y para las mayores de 80 queda en dos.
Menos restricciones para las aseguradoras
Uno de los puntos más criticados de la medida, incluso dentro de las filas de la coalición de Gobierno, es que permite que los próximos tres años las compañías de salud, que cada mes reciben el 7 % del sueldo de sus afiliados, puedan subir los precios de los planes con menos restricciones que antes.
A las subidas en los planes definidas para 2025, 2026 y 2027 se suma un alza extraordinaria en los próximos meses que tendrá un techo del 10 % de lo que pagaban las personas hasta junio de 2023 y que las aseguradoras tendrán que justificar ante la Superintendencia.
«No queremos un ‘perdonazo’, pero tampoco que la gente quede sin su seguro de salud; es una ley que no me deja feliz por las facilidades que estamos dando a las Isapres, pero hay que mirar que las personas no queden desvalidas», señaló a la prensa local la diputada Helia Molina, del Partido Por la Democracia (PPD), uno de los más críticos dentro del oficialismo con la propuesta.
Críticas a Boric
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, que ha dicho varias veces en los últimos días que la nueva ley no es un ‘perdonazo’ para las aseguradoras privadas, itió en una entrevista el domingo que el presidente Boric «no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras».
El mercado de las Isapres, muy concentrado en seis compañías, fue creado en 1981 como parte de las reformas de la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Su creación empujó el desarrollo de clínicas privadas, que empezaron a integrarse verticalmente en ‘holdings’ con las Isapres.
Según la Superintendencia de Salud, entre 2017 y 2020 tuvieron ganancias por más de 225.000 millones de pesos (más de 280 millones de dólares), mientras que en 2021 y 2022 registraron pérdidas históricas.
