Lima (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate.
Los reparos de la CorteIDH
La CorteIDH había requerido el martes «al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú».
También ordenó a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su mandato.
La propuesta inicial se aprobó el pasado 7 de junio por el pleno del Congreso con 60 votos a favor, pero requería de esta segunda votación para su ratificación y, precisamente, este tribunal ordenó el 13 de junio a Perú que detenga su trámite hasta que emitiera una resolución respecto al tema.
El proyecto lo propusieron el partido fujimorista Fuerza Popular y el ultraconservador Renovación Popular, bancada conformada en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas, y pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
El debate sobre la ley de delitos de lesa humanidad en Perú
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este miércoles que está «indignado» por la orden de la CorteIDH sobre el, hasta hoy, proyecto de ley.
«Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno, sobre un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en una ley», declaró Adrianzén al ser consultado sobre el tema.
El primer ministro agregó que «resulta intolerable» que la corte supranacional llame a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) «de un estado miembro soberano», como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
Señaló que está promoviendo un pronunciamiento conjunto de los tres poderes para manifestar «el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional».
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos afirman que esta iniciativa afectará el a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos, por los que fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
