Kigali (EFE).- El Gobierno de Ruanda afirmó este jueves que el país no tiene obligación de devolver la partida inicial de 240 millones de libras esterlinas (unos 285 millones de euros) que le pagó Reino Unido para acoger a migrantes deportados por Londres en el marco del polémico acuerdo anulado por el nuevo primer ministro laborista.
«Ruanda no pagará el dinero de ninguna manera, fue el Gobierno del Reino Unido quien puso fin al tratado y no Ruanda. Esto no fue un préstamo concedido a Ruanda, este dinero fue enviado a Ruanda para llevar a cabo acciones específicas», dijo a EFE Doris Uwicyeza Picard, coordinadora de la Unidad de Coordinación de Asociación sobre Migración y Desarrollo Económico del Ministerio de Asuntos Exteriores ruandés.
«Al acuerdo migratorio fue iniciado por el Reino Unido para resolver el problema del Reino Unido y Ruanda dio un paso al frente como siempre hemos hecho. Recibimos los fondos para prepararnos e hicimos exactamente eso», añadió Picard.
Tras su victoria en las elecciones generales del Reino Unido, el nuevo primer ministro, el laborista Keir Starmer, prometió el pasado 6 de julio poner en práctica «una política diferente» a la de su antecesor, Rishi Sunak.
‘Plan Ruanda’
Así, en una de sus primeras medidas, Starmer aseguró que el llamado ‘plan Ruanda‘ -para deportar a este país africano a futuros solicitantes de asilo que acceden al Reino Unido en botes pequeños por el Canal de la Mancha- está «muerto y enterrado».
Además de los fondos ya recibidos por Ruanda, el Reino Unido se comprometió a pagar 370 millones de libras esterlinas (439 millones de euros) más durante los próximos cinco años, además de un complemento de 120 millones (142 millones de euros) una vez hubieran llegado trescientos migrantes.
Las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) habían criticado el proyecto al denunciar que «socavaba» el Estado de derecho y violaba los derechos de las personas refugiadas.
En este sentido, trece expertos de la ONU celebraron este miércoles la anulación del «controvertido» plan, que «hubiese significado externalizar las obligaciones de Reino Unido, creando graves riesgos para migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, minando además el sistema internacional de protección para éstos».
