Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano publicó este viernes el decreto que declara el estado de conmoción interior en varios municipios del noreste de Colombia, cinco días después de que el presidente Gustavo Petro lo anunciara ante la crisis que vive la región del Catatumbo por la ofensiva emprendida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el decreto de 19 páginas firmado por todo el gabinete, la conmoción interior durará 90 días y se extenderá a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar, que están recibiendo desplazados.
El Gobierno considera que «se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente».
Esto porque «el ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado».
El Gobierno considera que «se presenta una perturbación extraordinaria del orden público en la región del Catatumbo, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente».
La medida de estado de conmoción en el Catatumbo
Se trata de una medida excepcional que, según la Constitución, el presidente puede decretar «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda conjurarse mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía».
Con esta declaración, «el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos».
En el decreto se justifica la declaración, criticada por muchos sectores de Colombia, por el hecho de que ya se han recibido 41 cuerpos, aunque las autoridades cifran entre 60 y 80 los muertos por la violencia.
Y también porque la ofensiva armada ha dejado más de 36.000 desplazados, incluidas 700 personas diarias entre el 17 y el 19 de enero a Venezuela, y porque 395 personas se han «extraído» (retiradas de la zona), según se lee en el decreto, entre ellos 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares.
Confinamiento por la violencia
Por otro lado, se sigue produciendo el confinamiento de más de 7.000 personas en Tibú, Teorama y San Calixto.
«Pese a la recuperación y protección de más de 500 personas civiles amenazadas de muerte por el ELN, aún se mantiene un número indeterminado de personas escondidas, confinadas y que no han logrado su evacuación del territorio de riesgo y no se cuenta con suficientes medios aéreos para cumplir con este objetivo», justificó el decreto.
Ahora, los diferentes ministerios expedirán en los próximos días una serie de decretos con medidas sectoriales para atender a la población de esta región y ayudar a las autoridades locales, así como para ampliar la capacidad de enfrentar este problema de orden público.
Misión de la OEA pide a grupos armados cesar violencia
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) pidió a los grupos armados colombianos cesar la violencia contra las comunidades en la región del Catatumbo.
«Desde el 16 de enero la población ha sido víctima de homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, presencia armada y uniformada de grupos ilegales en zonas rurales y urbanas, entre otras afectaciones», expresó el jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez.
Agregó: «Los niños, niñas, adolescentes, liderazgos sociales, firmantes de paz y comunidades indígenas de los pueblos Barí y Yukpa son algunas de las poblaciones más impactadas por esta injustificable violencia».
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (fronteriza con Venezuela), la golpea una vez más por la violencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su guerra territorial contra el Frente 33, una disidencia de las FARC.
Por esa razón, Menéndez consideró «impostergable que los grupos armados pongan fin inmediatamente a la violencia contra las comunidades y demuestren su compromiso con la paz mediante acciones concretas».
«Desde el inicio (la MAPP/OEA) ha puesto a disposición de las autoridades colombianas y de las comunidades del Catatumbo sus capacidades para facilitar la articulación interinstitucional que permita acelerar la prevención, protección y atención a las víctimas, así como la superación de esta emergencia humanitaria», añadió.
JEP ordena trasladar a 124 firmantes de paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este viernes trasladar a 124 excombatientes de las FARC que están en riesgo por la violencia guerrillera en la convulsa región del Catatumbo (noreste), pues según la Defensoría del Pueblo ya han sido asesinados seis firmantes de paz y 12 de ellos están desaparecidos.
«La JEP ordenó al Ministerio de Defensa que de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo«, detalló el alto tribunal en un comunicado.
Según los abogados de los excombatientes, citados por el alto tribunal, entre el 15 y el 22 de enero fueron asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita en el Catatumbo.
Igualmente, la Jurisdicción ordenó a la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) «diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo».
«Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado», expresó el alto tribunal.
Ministros de Defensa de Colombia y Venezuela se reúnen
Los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino, se reunieron este viernes para hablar sobre la crisis humanitaria en la región del Catatumbo.
El encuentro, confirmó Velásquez en una rueda de prensa, tuvo lugar en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en el estado Táchira, y allí hablaron sobre «la gravedad de la situación propiciada, ocasionada y desarrollada por (la guerrilla de) el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo».
«Le comentaba de qué manera, al estilo paramilitar, esa organización recorrió casas extrayendo personas para darlos de baja con lista en mano, como ocurría en Colombia a finales de los noventa con los paramilitares y esas masacres terribles que los paramilitares cometieron», expresó Velásquez.
Esta es la primera reunión entre dos altos funcionarios de ambos países luego de que el Gobierno colombiano asegurara a principios de enero que no hubo elecciones libres en Venezuela.
Por eso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha reconocido a Maduro como presidente, aunque su posición es mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera.
