Brasilia (EFE).- La Corte Suprema de Brasil comenzará a analizar este martes la denuncia de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro por presuntamente maquinar un golpe de Estado para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal serán los encargados de analizar si hay indicios suficientes contra el líder ultraderechista y otros siete acusados, y decidir si se aceptan los cargos y se da inicio a un juicio penal.
En el núcleo de la presunta trama, además de Bolsonaro figuran militares de alto rango y exministros de su Gobierno (2019-2022), considerados hombres de confianza del exmandatario.
Todos ellos están acusados de los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización armada para delinquir, golpe de Estado, daño calificado y deterioro del patrimonio.
El análisis de las acusaciones contra el núcleo de la supuesta trama se realizará en tres sesiones que culminarán en la tarde del miércoles.
La apertura de las sesiones estará a cargo del presidente de la Sala Primera de la corte, Cristiano Zanin, quien dará la palabra al magistrado instructor, Alexandre de Moraes, para que exponga el informe del caso.
Luego, el fiscal general, Paulo Gonet, argumentará la acusación y posteriormente los abogados de los acusados expondrán sus consideraciones, para dar finalmente paso a los votos de los magistrados.
La acusación contra Bolsonaro
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las que Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la trama desembocó en la invasión violenta por parte de seguidores del líder ultraderechista de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
El fiscal general basó su acusación en un extenso informe policial, divulgado en noviembre pasado, en el que se reveló que Bolsonaro tuvo «pleno conocimiento» de un plan para asesinar a Lula y al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin.
La Fiscalía sostiene que los acusados buscaron «neutralizar» el Supremo y también evaluaron «el uso de armas bélicas» contra De Moraes, juez instructor de varios casos contra Bolsonaro, y «la muerte por envenenamiento» de Lula.
Asimismo, la entidad señala que los imputados querían alcanzar «el control total sobre los tres poderes» y establecer un «gabinete central» con la intención de «organizar un nuevo orden» sin Lula en el poder.
Para conseguirlo, pretendían crear un ambiente de «conmoción social capaz de arrastrar al alto comando del Ejército a la aventura del golpe», lo que finalmente no ocurrió.
Bolsonaro niega acusación de golpismo
Por su parte, el expresidente Bolsonaro insistió en que las acusaciones en su contra por golpismo son «inverosímiles», aunque itió que estudió decretar una intervención militar tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
«No tienen sentido las acusaciones contra mí», señaló el líder ultraderechista este lunes en una entrevista en el pódcast ‘Inteligência Ltda’, en la que también participó el gobernador de São Paulo y su posible sucesor político, Tarcísio de Freitas.
Bolsonaro adelantó que sus abogados alegarán en la audiencia de este martes que el proceso debería empezar a tramitar en primera instancia y que, si el caso continúa en el Supremo, tendría que ser analizado por los once jueces del pleno de la corte y no por apenas los cinco de la Primera Sala.
En su opinión, la causa está «llena de ilegalidades» y se basa en «una narrativa» que busca sacarle del tablero político.
«No tiene ninguna lógica (…) Un golpe tiene que ser gestado» durante «como mínimo siete meses, tiene que contar con el apoyo del Parlamento, de la prensa, de la clase empresarial, de todas las Fuerzas Armadas, sin excepción», enumeró.
El recuento de los hechos
El expresidente afirmó que un golpe de Estado «es algo fuera de la Constitución» y que apenas discutió, con la cúpula de las Fuerzas Armadas y un grupo de aliados políticos, «hipótesis» contempladas dentro de la Constitución por si «subía la temperatura» en el país.
En este sentido, señaló que «se habló» sobre decretar «el estado de sitio, el estado de Defensa» o una «intervención federal» con la participación de los militares «en dos reuniones», pero que al final «olvidaron» esos escenarios.
Bolsonaro insinuó que llegaron a ese punto porque considera que no fue tratado «con respeto» por el Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de organizar los comicios en Brasil y al que acusó de «humillarlo» en el pleito de 2022.
En este contexto, el exmandatario, que acaba de cumplir 70 años y está inhabilitado políticamente hasta 2030 por sembrar sospechas sobre las elecciones y las instituciones democráticas, reiteró sus ataques contra la Justicia Electoral, que según él le perjudicó para favorecer a Lula.
Un proceso a marcha veloz
Desde que fue salpicado con su presunta participación en una trama golpista, Bolsonaro ha reiterado su inocencia y su defensa ha insistido en presuntas irregularidades en el proceso.
Entre ellas, presiones sobre el principal testigo del caso, limitado a las pruebas y poco tiempo para analizarlas están entre las críticas de los abogados.
El Supremo negó todas las solicitudes de la defensa para lograr algún cambio a su favor, como intentar que la audiencia en la que se analizarán los cargos fuera efectuada por el pleno del Supremo y no por la Sala Primera, que está formada por cinco jueces de perfil progresista.
Los magistrados de la corte quieren acelerar el juicio del líder ultraderechista para concluirlo este año, a fin de evitar que el proceso contamine las elecciones presidenciales de 2026.
