Ciudad de Panamá (EFE).- El Gobierno de Panamá otorgó este jueves el salvoconducto al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde el 7 de febrero de 2024 en la Embajada nicaragüense al estar condenado a más de diez años de cárcel por blanqueo, para que pueda viajar a Nicaragua y le ha dado plazo para ello hasta el 31 de marzo.
«El salvoconducto es concedido a partir de hoy, 27 de marzo de 2025 y tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de 2025. Para la ejecución del traslado, amparado bajo el salvoconducto, se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores», afirmó en una declaración leída el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.
Martinelli, de 73 años, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá después de quedara ratificada su sentencia a más de diez años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares que se impuso al hallarlo culpable del delito de blanqueo de capitales por el caso conocido como ‘New Business’, la compra de un conglomerado de medios con dinero público.
El expresidente pidió asilo a Nicaragua «en razón de que su vida corre peligro» y de que «es perseguido político», dijo el 7 de febrero de 2024 su portavoz, Luis Eduardo Camacho, al informar que había ingresado a la delegación diplomática.
Panamá explica por qué permite la salida de Ricardo Martinelli a Nicaragua
Martínez-Acha señaló que tras asilarse en la Embajada de Nicaragua, Martinelli ha interpuesto una serie de demandas contra el fallo, que «los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud» y que por eso «el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado» por el Gobierno nicaragüense.
Y como resultado de ello, añade Martínez-Acha, el Ministerio de Exteriores panameño «concede el salvoconducto solicitado por dicho Gobierno para que el señor Martinelli Berrocal pueda trasladarse prontamente a la República de Nicaragua».
El canciller también hizo referencia aparentemente al estado de salud de Martinelli, algo que subrayaba él mismo en redes sociales.
«Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias, pues le permitirá a Ricardo Martinelli continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida», afirmó.
Martinelli acepta el salvoconducto
El expresidente anunció este jueves que acepta el salvoconducto para viajar a Nicaragua concedido por el Gobierno de Panamá horas antes.
«Hoy con mi hijo, mi familia y mis allegados he tomado la decisión de aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana República de Nicaragua otorgado por mi Gobierno», afirmó Martinelli en un mensaje en sus redes sociales.
El expresidente dijo que esperará «con tranquilidad» y cuidando su salud la decisión de la Justicia, insistiendo en que es «inocente de un injusto proceso político».
Se desconoce aún cuándo saldrá de la embajada camino a Nicaragua, aunque sí subrayó que lo hará con su inseparable perro Bruno.
Rodeado de polémica
El salvoconducto lo aprobó este jueves el Gobierno del presidente José Raúl Mulino (2024-2029), quien llegó al poder tras ganar los comicios de mayo de 2024 de la mano de Martinelli, quien le delegó su candidatura presidencial tras quedar inhabilitado en razón del caso de blanqueo.
Antes, el pasado Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el 9 de febrero de 2024 el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.
La estancia del expresidente en la delegación diplomática ha estado marcada por la controversia dada su activa participación en asuntos de política doméstica, lo que está taxativamente prohibido por las normas de asilo, así como por las constantes remodelaciones a la sede diplomática para adecuarla a sus exigencias.
Martinelli también enfrenta en Panamá una acusación de blanqueo por el caso Odebrecht, mientras que en España está imputado por una investigación contra la constructora FCC por el pago de sobornos y por otro caso de interceptación de las comunicaciones de una mujer en Mallorca.
