San José (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles una ley que reforma la Constitución Política para la extradición de costarricenses solicitados por otros países por tráfico internacional de drogas o por terrorismo.
Chaves, junto al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el de Justicia y Paz, Gerald Campos, firmaron la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada por la Asamblea Legislativa, que indicaba que «ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional».
«Teníamos muchos años de haber pospuesto esta decisión, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Continuaremos trabajando con Estados Unidos y con cualquier otro país de buena voluntad para arrancar ese escarnio del narcotráfico y la influencia que tiene sobre nuestra sociedad, juventud y las instituciones políticas», expresó el mandatario costarricense durante su conferencia de prensa semanal.
La reforma de la extradición en Costa Rica
La reforma se aprobó por unanimidad por el Poder Legislativo el pasado 15 de mayo, por lo que solo estaba pendiente la firma del presidente Chaves y su publicación en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigencia.
«Con la firma de esta reforma Costa Rica da un paso histórico para permitir extraditar a ciudadanos costarricenses en casos de narcotráfico y terrorismo, esta decisión demuestra un fuerte compromiso con la justicia seguridad y colaboración internacional», dijo en la conferencia de prensa el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, Michael Flores.
El funcionario estadounidense agregó que «esta reforma abre la oportunidad en la lucha contra la redes criminales internacionales y la fuerza de nuestras autoridades para trabajar de forma mas eficaz. Es una herramienta clave y una señal de confianza y responsabilidad entre nuestros países».
El narcotráfico es el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha registrado en los últimos tres años cifras más altas de la historia de homicidios que se atribuyen por las autoridades en más del 60 % a los ajustes de cuentas entre bandas.
