Washington (EFE).- El Tribunal Supremo estadounidense falló este viernes a favor de que el Gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal concedida por la anterior istración de Joe Biden a 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La istración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este «parole humanitario», que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.
En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que «el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy».
«(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes», escribe la jueza.
La promesa del Gobierno Trump
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora «dos opciones insostenibles». Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su «parole» «y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva».
El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.
El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes.
El llamado «parole humanitario» fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
La «mayor deslegalización» de migrantes en EE.UU.
Defensores de los inmigrantes condenaron la decisión del Supremo de EE.UU., calificando el fallo como «la mayor deslegalización» migratoria en la historia moderna del país.
La decisión de hoy representa «la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna», declaró este viernes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.
«La Corte Suprema ha permitido que la istración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades», agregó la activista.
Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EE.UU. les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.
Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First, advirtió que la postura de los demandantes sigue siendo la misma: «la istración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos», por lo que se proseguirá con la demanda.
En contraste, el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. aplaudió la decisión de la máxima corte y dijo que reanudará «las expulsiones» de los inmigrantes amparados con este programa humanitario.
“Finalizar los programas de libertad condicional CHNV, así como las libertades condicionales de quienes se aprovecharon de ellos, será un retorno necesario a políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos Primero”, dijo en un comunicado la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin.
