Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala «obedece al crimen», luego de que la Justicia de ese país emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez.
Petro hizo el comentario al referirse a las denuncias contra los dos funcionarios por supuestas irregularidades cometidas durante su trabajo hace unos años en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto por el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente de Perú Pedro Castillo.
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025
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«La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías», manifestó Petro en su cuenta de X y propuso que la justicia penal internacional juzgue los crímenes de las mafias.
Orden de detención contra Velásquez por el caso Odebrecht
La orden de detención contra los dos funcionarios colombianos se emitió por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que dio luz verde a la solicitud de detención planteada por el Ministerio Público de ese país por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.
Según el fiscal guatemalteco, Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.
Dicha Sala de Apelaciones, señalada por expertos judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
También, ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.
Tribunales internacionales contra las mafias
Según el presidente colombiano, «las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos».
«Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer», agregó.
Esta es la primera reacción del mandatario a la orden de detención contra Velásquez y Camargo, sobre la cual se manifestó la noche del lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
🔴El Gobierno de Colombia, a través de la @CancilleriaCol, expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, embajador designado ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de la… pic.twitter.com/CHwSZDPtXt
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 3, 2025
«Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales», denunció la Cancillería colombiana en un comunicado.
Petro advirtió que los lazos diplomáticos podrían afectarse
En enero de 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya anunció que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la Cicig, lo que tensó las relaciones con Colombia.
En esa ocasión, Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei (2020-2024), se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa.
Fiscal de Colombia: es un «contraataque sin precedentes»
Por parte, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, respondió que la orden de captura emitida en su contra no tiene base legal y forma parte de un «contraataque sin precedentes» contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
«Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones», declaró Camargo en una rueda de prensa.
Camargo, quien dirigió el Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig entre 2014 y 2017, calificó la decisión de la corte como «una flagrante violación» al acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, que establece que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig gozan de inmunidad.
La ONU reitera la inmunidad de los colombianos
El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró que Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez, gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Cicig.
«(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión», indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
Dujarric también insistió en que esta inmunidad continúa incluso después de finalizado su trabajo con la Comisión y recordó que el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la misma «de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación».
Además, trasladó que Guterres expresa su preocupación por las numerosas denuncias que apuntan a que se está persiguiendo penalmente «a quienes pretendían arrojar luz sobre los casos de corrupción y trabajar para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia de Guatemala».
