Brasilia (EFE).- Mauro Cid, antiguo ayudante personal del expresidente brasileño y líder de la ultraderecha de su país Jair Bolsonaro, reconoció hoy ante la Corte Suprema que aquel discutió con la cúpula militar formas de anular los resultados de las elecciones de 2022 para mantenerse en el poder.
Cid, que ha colaborado con la Policía Federal en sus investigaciones contra Bolsonaro, confirmó durante el interrogatorio que asesores del exmandatario le presentaron un documento que preveía la declaración del estado de defensa y de sitio y el encarcelamiento de magistrados del Supremo.
Durante ese encuentro, ocurrido tras el segundo turno de los comicios, Bolsonaro (2019-2022) mandó «recortar» el documento y redujo la lista de las autoridades que iban a encarcelar, según Cid.
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La única autoridad cuya prisión Bolsonaro mantuvo en el decreto, según Cid, es la del juez Alexandre de Moraes, quien precisamente es el magistrado instructor de la causa en su contra.
El ayudante personal confirmó que, días después, un borrador del documento se presentó a los comandantes de las Fuerzas Armadas en una reunión presidida por Bolsonaro en su residencia oficial en Brasilia.
«El decreto decía el qué, no cómo iba a ser hecho», respondió, ante las preguntas del magistrado Moraes.Cid dijo que, tras una reunión posterior, el comandante del Ejército Marco Antônio Freire Gomes le relató que se había «molestado mucho» por las discusiones.
Freire Gomes le contó que el almirante Almir Garnier, jefe de la Marina, había puesto «a disposición» del presidente las tropas, mientras que el entonces comandante de la Fuerza Aérea Baptista Júnior se opuso a esas acciones.
La discusión sobre las elecciones
Cid dijo que había «presión» por parte de otros militares para que el presidente firmara el decreto para anular las elecciones y que se discutió la sustitución del comandante del Ejército por alguien que tomase una posición más «dura y radical».
Al interrogatorio de Cid le seguirán esta semana los del propio Bolsonaro y otros seis colaboradores cercanos, como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el candidato a vicepresidente Walter Braga Netto.
Concluida esta fase, el magistrado instructor consultará a la Fiscalía y a las defensas de los acusados para determinar si son necesarios nuevos interrogatorios y diligencias o si se pasa a los alegatos finales.
Los acusados los juzgan por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, cuyas penas máximas sumadas rondan los 40 años de cárcel.
