Buenos Aires (EFE).- El diputado argentino y dirigente peronista Máximo Kirchner afirmó que, tras la condena el martes contra su madre, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), «está en juego el futuro del país» y acusó al Gobierno de intentar «destruir al adversario político».
«Lo que está en juego es el destino de nuestro país y de la gente que vive en él», opinó el líder de la agrupación peronista La Cámpora en una entrevista con el canal C5N la noche del miércoles, en la que destacó que su madre «está firme» tras la decisión de la Corte Suprema de ratificar su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Kirchner destacó el apoyo que ha recibido Fernández en los últimos días por parte de sus seguidores, denunció que la Justicia violó «las reglas de juego» y señaló que el fallo contra su madre es un intento de «suprimir a aquel que se opone a los intereses de los poderosos».
Divisiones tras decisión sobre Cristina Fernández
Mientras que con respecto al futuro del peronismo, el diputado negó que esta condena acelere su crecimiento político personal dentro del espacio y consideró que el fallo no debilita electoralmente a su partido: “No hay apellidos milagrosos. Lo importante es la vocación de trabajo”.
«Si esto se convierte en un festival de vanidades y egos, es todavía más complejo. Esa es la trampa que debe eludir la dirigencia», añadió, sobre las crecientes divisiones internas que han afectado al peronismo en los últimos meses.
Además, consultado sobre la posibilidad de que el peronismo llame a sus militantes a no votar tras la inhabilitación de Fernández a presentarse a elecciones, Kirchner se opuso con vehemencia y destacó que «la vocación de Cristina siempre es de participación electoral».
«Hay que ir a votar»
«Hay que ir a votar, incluso en blanco, porque el sistema representativo está dañado y hay que ejercer el derecho», añadió.
El tribunal que condenó a la expresidenta rechazó este miércoles el pedido de detención inmediata de la exmandataria por parte de la Fiscalía tras la sentencia de la Corte Suprema y ratificó el plazo de cinco días para presentarse ante la Justicia.
La defensa de la exmandataria, de 72 años, solicitó al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, mientras que también anticipó que acudirá a instancias internacionales para intentar revertir la condena.
