Murcia (EFE).- Familiares de dos de las trece personas que fallecieron el 1 de octubre en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia han presentado este martes una querella contra el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, y su predecesor, Andrés Guerrero, y contra 3 funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.
Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, han ofrecido este martes una rueda de prensa acompañados por su abogado, José Manuel Muñoz Ortín, quien considera que en el Ayuntamiento de Murcia ha funcionado durante años una “trama organizada” que “permitió que esta discoteca (Teatre) funcionara de forma continuada e irregular” desde que inició su actividad en 2005.
Para el letrado, “estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, y ha insistido en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.
«Sanciones ejemplarizantes»
Por eso, considera que “se necesitan sanciones ejemplarizantes para que esto no sea el reino de taifas” y no vuelva a suceder un hecho similar y para dejar claro que “las leyes están para cumplirlas, también la istración”.
Por su parte, Jairo Correa ha sido contundente al considerar que las muertes de las 13 víctimas estuvieron provocadas “por la negligencia, la prevaricación, la corrupción” de responsables y funcionarios municipales, “por omitir y dejar pasar las normas de seguridad, tapar unos reglamentos, no cumplirlos”.
En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, «desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.
Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora” puesto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.
La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.
