Pamplona (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este viernes que la crisis económica en la zona de valencia derivada de las inundaciones no va a ser como la de la pandemia, porque no se va a resolver «en un mes ni en dos» y ha reclamado por ello un paquete de inversiones «muy potente».
Unai Sordo, quien ha participado en una concentración convocada por CCOO y UGT en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en solidaridad con los afectados por las inundaciones, ha destacado a los medios de comunicación que hay más de 350.000 trabajadores por cuenta ajena y unas de 35.000 empresas afectadas en la zona.
«Es verdaderamente dramática la cifra de muertos y es verdaderamente dramática también la afectación que va a tener en la vida cotidiana de las personas trabajadoras en Valencia», ha declarado.
Un llamamiento a las istraciones
El dirigente de CCOO ha considerado que lo ocurrido es también un llamamiento para que las istraciones públicas «continúen alineando sus esfuerzos y alineando sus recursos» para lo que ahora es prioritario, que es «continuar con el trabajo de desescombro, con el trabajo de recuperación de las infraestructuras, de los centros de salud, de los centros educativos, de la recuperación de las viviendas».
Y, al mismo tiempo, ha agregado, «hay que poner en marcha un paquete de medidas y de recursos económicos que tenga como primer objetivo paliar los efectos que va a tener la dana en la economía».
Así, ha dicho, es necesario salvaguardar temporalmente los empleos mediante herramientas que ya están disponibles, como los ERTEs, y que «tienen que ser más ambiciosas para reducir el impacto económico en primera instancia».
«Esto no es una crisis como la de la pandemia. Esto no se va a recuperar en un mes ni en dos. Va a hacer falta un paquete de inversión muy potente para recuperar la actividad económica en estas comarcas de Valencia. Y esas son las prioridades que queremos situar desde el movimiento sindical», ha resaltado Sordo, quien ha estado acompañado por el secretario general de CCOO en Navarra, Txetxu Rodríguez.
Un debate sobre los protocolos de emergencias
Unai Sordo ha asegurado que hay «dos cuestiones que España tiene que abordar con mucha seriedad», la primera depurar posibles responsabilidades sobre lo que ha ocurrido, ya que «siempre que ocurren estas cosas y hay imprudencias temerarias, es la clase trabajadora la que paga las consecuencias».
«Tiempo va a haber, pero no va a pasar mucho tiempo en el que se tengan que dilucidar responsabilidades que van a ser muy graves sobre lo que ha ocurrido», ha comentado.
En segundo lugar, ha apuntado, hay que abrir un debate sobre los protocolos de los servicios públicos para atender las emergencias y otro «de fondo» sobre el modelo urbanístico en España, porque «son más de un millón de viviendas, son tres millones de personas las que en nuestro país viven en zonas inundables».
En este sentido, ha considerado que «hay que tomar medidas preventivas, hay que replantear la política urbanística, hay que reforzar los servicios de atención de emergencia civil y sanitaria, hay que mejorar los protocolos y la coordinación entre las istraciones».
Entre otras medidas, ha abogado por un plan de recomposición del parque móvil valenciano con el que se apoye la compra o el alquiler de vehículos.
Que las istraciones «se pongan las pilas»
El secretario general de la UGT de Navarra, Jesús Santos, ha mostrado la solidaridad con las comunidades afectadas y ha instado a la unidad de acción de las istraciones, a las que ha pedido que «se pongan las pilas».
Para Santos, «no estemos ahora ante la circunstancia de si hay que hacer un papel o quién da el permiso, la justificación; yo creo que las circunstancias son excepcionales y urgentes y, por tanto, hoy se necesita que se actúe con diligencia, que se pongan los medios necesarios».
En concreto, se ha referido a las ayudas a las familias de personas que han fallecido, a las que tienen una incapacidad y a las que han perdido vehículos. «El consorcio de seguros no tiene que estar pidiendo más datos. Que se le dé un coche a la gente, ya se justificará, para poder ir a trabajar», ha señalado.
Santos ha destacado que «hay que reactivar la economía para normalizar también la situación».
También se ha mostrado convencido de que «ya habrá tiempo para exigir responsabilidades políticas, que las hay, porque ahora hay un debate de competencias, pero yo creo que las competencias están muy claras y muy desligadas en las normativas y en la legislación autonómica y general».
Trabajo digno para acceder a una vivienda
Por otro lado, Unai Sordo ha defendido el trabajo digno como palanca para el de los jóvenes a la vivienda, junto a otras medidas como el control de los precios o la promoción de la vivienda en alquiler.
«La juventud trabajadora no puede esperar cinco o diez años a que se desplieguen políticas de construcción de vivienda», ha afirmado Sordo a los medios de comunicación antes de participar en una charla sobre ‘Juventud y retos sociales’ junto a Carlos Guzmán, coordinador general de IU Navarra y parlamentario foral.
El trabajo digno, ha declarado, es «condición necesaria para poder acceder a una vivienda», que tendría que ser «un bien de interés social que cumpliera con el mandato constitucional» del derecho a la vivienda. Y para eso, ha dicho, «hace falta un replanteamiento radical de las políticas de vivienda que en España se han hecho al menos en las últimas seis décadas».
«En España no ha habido una política solvente de vivienda o, de haberla habido, ha estado dirigida más bien a mantener artificialmente alto el precio de un bien que, más que un bien social, se ha establecido como un bien de inversión y de ahorro», ha señalado Sordo, quien ha considerado que «hay que pasar esa página».
Control de los precios de la vivienda
Y esto se puede llevar a cabo, ha indicado, «haciendo muchas cosas a la vez y atendiendo al corto, al medio y al largo plazo».
En el corto plazo, ha explicado, «hay que tomar medidas de impacto, de control de precios. Yo creo que hay que declarar zonas tensionadas para que, allí donde los precios del alquiler de la vivienda superen el 30% de la renta media de las personas de ese territorio, se limiten temporalmente».
También hay que desarrollar, según ha destacado, políticas de construcción de vivienda con precio tasado y movilizar el parque de vivienda vacío.
«Esto se puede hacer mediante la política fiscal y se puede hacer combinando precios sociales de alquiler con garantías para los propietarios, por ejemplo, de que van a percibir su alquiler o de que van a tener la vivienda en condiciones cuando terminen los alquileres», ha resaltado.
Sordo ha puesto de relieve que, si en España no se hubieran desclasificado las viviendas que fueron construidas como de protección social o de precio tasado, habría dos millones más de VPO, que «sería un buen campo base para poder hacer una política seria de vivienda».
