Pamplona (EFE).- El Gobierno foral presentará en el actual periodo de sesiones un proyecto de modificación de la Ley foral de Renta Garantizada. Es “una oportunidad de trabajar desde el consenso y el acuerdo para mejorar una herramienta y un modelo que funciona y lo hace bien”.
El llamamiento se dirigía o solo a las formaciones de la oposición, sino de las que conforman y apoyan al Gobierno, dados algunos planteamientos hoy expuestos. Es el caso de los de Geroa Bai y EH Bildu, que han marcado ya líneas rojas a determinadas reformas.
La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, en respuesta a una interpelación en el primer pleno parlamentario del año, ha avanzado que la reforma es «necesaria» tras 8 años de andadura de la actual Ley de Renta Garantizada (RG). Ahora se quiere adecuar la experiencia acumulada para incentivar aspectos como la empleabilidad y la inserción social vinculadas a esta prestación.
Comptos y las «debilidades» de la Renta Garantizada
La intención coincide en el tiempo con la publicación ayer de un informe de la Cámara de Comptos que advertía de «debilidades en la gestión y control» de la RG. Contiene recomendaciones que la consejera ha aceptado, aunque ha advertido de la «lectura catastrofista e interesada» que ha hecho del mismo la oposición.
«Hay muchas cosas que funcionan bien», ha reivindicado Maeztu tras puntualizar que hay conexión» entre la RG y el empleo. También, que «hay mecanismos de detección de irregularidades que funcionan» y que «la convivencia de la Renta Garantizada con el Ingreso Mínimo Vital no es un hándicap sino una oportunidad», ha defendido.
Por ello, su propósito con la reforma es «consolidar» la RG como una herramienta que se ha evidenciado «de gran utilidad para dar soporte a las personas» que lo necesitan. A la vez que se pretende avanzar en ámbitos como más acompañamiento, más itinerarios de inserción o el impulso al empleo de las personas.
«Plantear una modificación no es reconocer que no funcionan las cosa sino querer avanzar y mejorar», facilitar a los profesionales mayor espacio, mejorar las herramientas para la empleabilidad, o acompasar mejor la prestación de la RG con el Ingreso Mínimo Vital. Lo ha dicho Maeztu como puntos clave de la propuesta que en las próximas semanas presentará el Gobierno a los grupos.
La interpelante, Olga Chueca (PSN), ha defendido la RG y su recorrido, de forma que en Navarra en 2023 más personas españolas que extranjeras percibieron la Renta Garantizada. Fueron un total de 16.384 familias, casi 2.000 menos que en 2021, datos que «demuestran que el sistema funciona, aunque no estamos satisfechas» y por ello ha apoyado una reforma que lo mejore.
Los grupos, entre el rechazo de la actual Renta y la cautela de su reforma
No ha sido la percepción de Raquel Garbayo (UPN), para quien el informe de Comptos es «demoledor», ha dicho tras interpretar que la RG «no consigue el objetivo para el que nació, no consigue la inclusión laboral y social». Por ello ha instado a corregirlo sin que ello implique «dedicar cada día más recursos sin control «convirtiéndolo en un abono prácticamente directo» a los perceptores.
Por el contrario, Javier Arza (EH Bildu) ha sido muy crítico con el concepto de «las derechas azuzando el discurso aporófobo de la paguita indiscriminada y sin control». Pero también ha advertido de que en una reforma su coalición no apoyará «ningún cambio que suponga recortar» derechos sociales.
En la misma advertencia ha incurrido Isabel Aranburu (Geroa Bai), quien se ha remitido al acuerdo programático para la conformación del Gobierno para considerar «imprescindible el buen control del dinero público». Pero ha advertido de que no apoyarán planteamientos que endurezcan los requisitos o reduzcan las prestaciones, sino solo lo que «signifique aumentar la capacidad de protección y de hacer más efectivo el a los derechos que esta ley reconoce».
Por parte del PPN, Maribel García Malo ha advertido en sus palabras de un futuro «lío» en el seno de Gobierno con la reforma. Por su parte, solo apoyarán la tesis de que «no hay mejor política social que un empleo decente».
Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha defendido el actual concepto de RG como «la mejor herramienta de la que dispone la istración» para asegurar derechos. No obstante, «no somos ingenuos y todas las políticas tiene margen de mejora».
Por Vox, Emilio Jimenez (Vox) ha lamentado el «absoluto fracaso» de la Renta Garantizada en Navarra, como a su juicio constata la Cámara de Comptos.
